La Comisión de Salud del Honorable Concejo Deliberante, encabezada por la concejal Evangelina Almada, mantuvo un encuentro clave con Gervasio Arroyo, referente de una asociación civil de cannabicultores de Necochea y Quequén. El objetivo principal fue destrabar una ordenanza aprobada en 2020 que, a cinco años de su sanción, aún no ha sido promulgada.

La normativa vigente a nivel local contempla la creación de un registro de cultivadores y una mesa de trabajo para la producción de aceites y cremas destinados a diversas patologías. Sin embargo, su implementación se encuentra estancada por la falta de garantías jurídicas y técnicas.

El desafío del control de calidad

Uno de los mayores obstáculos que enfrenta la actividad es la imposibilidad de testear el producto final de manera segura y legal. “Se necesita un control de calidad. Hoy, al trasladar la materia prima a otras ciudades para ser analizada, se corre el riesgo de tener problemas legales debido a los grises que existen tanto en la ley nacional como en la provincial”, explicó Almada.

Para solucionar este inconveniente, desde la comisión se planteó una alternativa ambiciosa:

• Vinculación con la UNICEN: Se iniciarán gestiones con la Universidad Nacional del Centro para evaluar la posibilidad de instalar un laboratorio de control de calidad en Necochea.
• Garantía para los vecinos: Contar con un laboratorio local permitiría que los pacientes accedan a productos con composición certificada sin necesidad de trasladar sustancias por rutas provinciales.

Salud y formación médica

La concejal subrayó que el uso terapéutico del cannabis ya no es un debate del futuro, sino una necesidad actual del sistema sanitario. “Hoy el cannabis medicinal es una realidad y hay médicos que lo están indicando, a pesar de que todavía falta mucha formación al respecto en el personal de salud”, señaló.

La Comisión de Legislación volvió a ser el escenario de un intenso debate sobre la regulación de los cuidacoches en Necochea. El concejal Eduardo Caballero (La Libertad Avanza) ratificó que su bloque no cederá en el pedido de prohibición total de la actividad, aunque comenzó a delinear una “salida alternativa” para abordar la problemática social de quienes hoy subsisten de ello.

Caballero fue tajante al rechazar la propuesta del bloque Fuerza Patria, que sugería la creación de un registro municipal. “Estamos en contra de ese registro y de que se admita a personas con antecedentes penales, aunque digan que solo se excluya a los delitos graves”, sentenció.

El debate por la “prohibición a foráneos”

Uno de los puntos legales que se discutieron fue la intención de prohibir la actividad solo a quienes vienen de otras ciudades. Caballero advirtió sobre la fragilidad jurídica de esa idea:

• “Nuestra Carta Magna dice que todos somos iguales ante la ley. Prohibir la actividad para los de afuera y permitirla para los nuestros sería fácilmente atacable judicialmente y la medida se tornaría abstracta”, explicó, fundamentando por qué la prohibición debe ser general.

Reasignación social: los requisitos para entrar al sistema

Ante el cuestionamiento de los demás bloques sobre qué pasará con la gente que se quede sin su fuente de ingreso, Caballero propuso un esquema de desarrollo social, pero con filtros estrictos:

• Censo y Residencia: Propone que el Ejecutivo realice un censo y que solo puedan acceder a programas de empleo o asistencia quienes acrediten dos años de residencia en el distrito.
• Trayectoria: Los beneficiarios deberán demostrar que vienen dedicándose a la actividad de cuidacoches o semaforistas de manera sostenida, para evitar un “efecto llamada” de personas que quieran ingresar al sistema tras el anuncio.
• Financiamiento: El concejal aclaró que esto no implicaría crear nuevas partidas presupuestarias, sino una “reasignación de partidas” existentes para terminar con el problema de fondo.

Tras la de Comisión de Política Económica que contó con la presencia de la Subsecretaría de la Agencia de Recaudación, Rocío Zabaljauregui, el concejal Bartolomé Zubillaga (Avanza Necochea) brindó detalles sobre los puntos de conflicto que surgieron durante el análisis de la nueva moratoria y la gestión de la deuda municipal.

Si bien la moratoria ya fue dictaminada y seguirá el curso previsto como en años anteriores, la discusión derivó en dos temas que generan “preocupación” en el cuerpo legislativo y que motivaron una citación urgente al área de Legales de la comuna.

1. ¿Apremios selectivos?

Uno de los reclamos más fuertes dentro de la comisión apuntó a la forma en que el municipio inicia acciones judiciales para cobrar tasas adeudadas. Según Zubillaga, algunos concejales manifestaron que el mecanismo para aplicar apremios legales parecería ser “selectivo”.

• “Queremos tener una conversación con la gente de Legales para entender qué criterio utilizan”, señaló el edil, buscando clarificar por qué se actúa contra algunos contribuyentes y contra otros no.

2. El misterio de los tres tomos de deudas prescriptas

Otro punto fue el análisis de los expedientes de prescripción de deudas de los últimos cinco años. “El volumen de contribuyentes que dejaron de pagar sin que el Ejecutivo intentara cobrarles es significativo”, añadió el edil

También aseguró que se trata de tres tomos cargados de hojas con nombres de deudores cuyas deudas ya caducaron legalmente.

Para terminar señaló que “Nos llama la atención que el Departamento Ejecutivo no haya intentado cobrarles de alguna forma. Hay un signo de preocupación ahí que también será tratado con Legales”..