La tensión institucional entre el Departamento Ejecutivo y el Honorable Concejo Deliberante de Necochea sumó un capítulo de máxima relevancia jurídica en las últimas horas. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCJBA) resolvió intervenir formalmente en el conflicto de poderes promovido por la administración del intendente Arturo Rojas, dictando una medida cautelar que suspende de forma inmediata los efectos de la ordenanza N.º 12.148/26.
La notificación, recepcionada este jueves 11 de junio, representa un primer y contundente respaldo de carácter legal a la postura del gobierno municipal, que había objetado la validez de la normativa impulsada por los bloques de la oposición en el recinto parlamentario.
El origen de la controversia y el mecanismo de insistencia
El diferendo político y administrativo se desató luego de que la mayoría del cuerpo legislativo local aprobara un proyecto de ordenanza orientado a ampliar las exenciones y beneficios vinculados al pago de tasas y tributos municipales para los excombatientes de la Guerra de Malvinas, viudas y derechohabientes del distrito.
El veto del Intendente: Al entender que la norma afectaba las arcas públicas en pleno ejercicio, el intendente Arturo Rojas aplicó un veto total a la iniciativa, argumentando que el Concejo invadía de forma directa las atribuciones exclusivas del Ejecutivo al sancionar una disposición con un marcado impacto presupuestario y fiscal no previsto. Cabe destacar que la vigente Ordenanza Fiscal e Impositiva 2026 (OFI) ya contempla beneficios específicos para este sector.
La insistencia legislativa: Haciendo uso de las facultades que otorga la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM), el Concejo Deliberante reunió los votos necesarios, rechazó el veto del Ejecutivo e insistió con la vigencia de la norma, dejándola firme. Ante este escenario de parálisis administrativa, la comuna decidió judicializar el debate y acudir directamente al máximo tribunal bonaerense.
La resolución de la Corte: Competencia y freno cautelar
En el fallo conocido este jueves, los magistrados de la Suprema Corte consideraron que el planteo de Necochea encuadra dentro de su competencia constitucional para dirimir disputas entre órganos de un mismo Estado municipal.
En consecuencia, el tribunal dispuso dos medidas clave:
Traslado inmediato: Corrió traslado de la demanda al Concejo Deliberante para que, en un plazo perentorio de cinco días hábiles, una autoridad del cuerpo comparezca ante la Corte y conteste las acusaciones.
Suspensión de la norma: Decretó la paralización total de los efectos de la ordenanza 12.148/26 y del decreto de insistencia. Esto significa que la norma no podrá ser aplicada por las oficinas de recaudación local mientras se sustancie el proceso de fondo y hasta tanto exista una sentencia definitiva.
Si bien la Suprema Corte de Justicia bonaerense aclaró que esta medida provisoria no adelanta una opinión definitiva sobre la constitucionalidad o invalidez total de la ordenanza, el dictamen es leído en los pasillos del Palacio Municipal como una victoria política para el oficialismo. Ahora, la carga jurídica recaerá sobre el Concejo Deliberante, que deberá estructurar su defensa para justificar los límites de sus atribuciones legislativas ante la mirada del tribunal más importante de la provincia.
