Hay una realidad que merece ser discutida con mayor profundidad: cada vez son más las instituciones sociales y comunitarias que deben salir a buscar recursos para poder sostener tareas que, en muchos casos, deberían contar con un acompañamiento mucho más firme por parte del Estado.
Estas instituciones están en el territorio. Conocen a sus vecinos, saben cuáles son las necesidades de cada comunidad y, muchas veces, son las primeras en aparecer cuando una familia necesita ayuda, cuando un chico necesita un espacio de contención o cuando una persona atraviesa una situación de vulnerabilidad.
No lo hacen desde la comodidad de una oficina ni desde una estadística. Lo hacen poniendo tiempo, esfuerzo y recursos propios. Lo hacen porque existe un compromiso profundo con la comunidad.
El problema aparece cuando esa tarea solidaria y comunitaria comienza a reemplazar responsabilidades que corresponden al Estado.
Y entonces vemos instituciones organizando rifas, colectas, bonos contribución, campañas de donaciones y todo tipo de iniciativas para conseguir los recursos necesarios para continuar funcionando. La comunidad responde, muchas veces con enorme generosidad. Pero la pregunta inevitable es: ¿hasta cuándo puede sostenerse una política social a fuerza de solidaridad?
No hay nada que objetar a una comunidad que ayuda. Al contrario. La solidaridad es uno de los valores más importantes que puede tener una sociedad. El problema es cuando esa solidaridad deja de ser un complemento y se convierte en la única herramienta disponible para garantizar derechos o sostener espacios que cumplen una función social indispensable.
Cada campaña solidaria demuestra el compromiso de una institución y de sus vecinos, pero también debería funcionar como una señal de alerta.
Porque detrás de cada pedido de colaboración hay una necesidad concreta. Y detrás de esa necesidad, muchas veces, existe una ausencia.
Las organizaciones sociales y comunitarias no deberían ser vistas simplemente como receptoras de recursos. Son instituciones que construyen comunidad, generan vínculos, acompañan a las personas y conocen de primera mano problemáticas que muchas veces las estructuras estatales tardan demasiado en detectar.
Por eso, acompañarlas no debería ser entendido como un gasto innecesario. Fortalecerlas significa también fortalecer el tejido social.
El Estado tiene responsabilidades que no puede delegar completamente. Puede trabajar junto a las instituciones, articular con ellas, escucharlas y reconocer el conocimiento territorial que tienen. Pero una cosa es trabajar en conjunto y otra muy distinta es dejar que sean las organizaciones las que carguen solas con problemas que requieren políticas públicas.
Hay algo que resulta particularmente injusto: quienes dedican su tiempo a ayudar a los demás terminan teniendo que dedicar cada vez más tiempo a conseguir recursos para poder seguir ayudando.
Y así, mientras una institución debería estar pensando en cómo mejorar sus actividades, ampliar su alcance o acompañar a más personas, muchas veces sus dirigentes y voluntarios se encuentran organizando una nueva campaña para pagar una factura, comprar insumos o simplemente garantizar que las puertas puedan seguir abiertas.
No se trata de dejar de hacer campañas solidarias. Se trata de preguntarnos por qué son necesarias con tanta frecuencia.
Tampoco se trata de enfrentar a las instituciones con el Estado. Todo lo contrario. Se trata de construir una relación en la que cada uno asuma el rol que le corresponde.
Las organizaciones tienen algo que el Estado muchas veces no tiene: cercanía, conocimiento cotidiano y presencia concreta en cada barrio. El Estado, por su parte, tiene la responsabilidad y las herramientas para generar políticas públicas sostenibles y garantizar derechos.
La solución no puede ser que uno reemplace al otro.
Una sociedad solidaria es una sociedad que merece ser valorada. Pero una sociedad justa necesita además un Estado presente, que acompañe a quienes todos los días trabajan por los demás.
Porque cuando una institución tiene que pedir ayuda para poder seguir ayudando, la pregunta no debería ser solamente cuánto estamos dispuestos a aportar.
También deberíamos preguntarnos por qué quienes sostienen a la comunidad necesitan ser sostenidos por la comunidad para poder continuar haciendo su trabajo.
Ese interrogante, más que una crítica, debería ser un llamado a reflexionar sobre qué Estado queremos y qué lugar estamos dispuestos a darle a las instituciones que, silenciosamente, mantienen vivo el entramado social de nuestras comunidades.
Por Mateo Ruppel
Con una sala colmada y un fuerte acompañamiento de vecinos, alumnos del Instituto Humboldt y familiares en las afueras del tribunal, comenzó este martes en el Juzgado Correccional N.º 1 de Necochea el juicio oral y público contra Marcos Aprea, imputado por la muerte de Germán Appella.
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