Tras la recorrida por las Comisarias de Necochea y Quequén para verificar el estado edilicio y de salubridad de los calabozos que efectuaron concejales junto a personal de la Justicia local,

Las edilas Rosario Roldán de la ACT y Rocío Mateo de Unión por la Patria (también participator de la vista Evangelina Almada y Bernardo Amilcar) expresaron su preocupación por el estado edilicio de las dependencias policiales. El encuentro, impulsado por la jueza Aída Lhez, se basó en una modificación del acuerdo 3415 sobre visitas institucionales a personas privadas de libertad.

Rosario Roldán explicó que la invitación de la jueza Aida Lhez surgió a partir de la reciente modificación en la normativa que rige las visitas a los centros de detención, con el objetivo de conocer en profundidad la situación en las comisarías locales.

Por su parte, Rocío Mateo detalló el panorama encontrado en cada dependencia. “Principalmente vimos la parte edilicia en que se encuentran los calabozos donde se alojan los privados de su libertad”, indicó.

Comisaría por Comisaría: Un Diagnóstico Preocupante
Comisaría Tercera (La Playa): Los calabozos se encuentran “directamente inhabilitados por el hecho de que están en malas condiciones”. Según lo comentado por el comisario, hace dos años que no pueden alojar detenidos en esa dependencia.

Comisaría Segunda (Quequén): “Esa es una comisaría donde estaba en una situación bastante crítica el edificio principal”, sostuvo Mateo. Agregó que los calabozos se encuentran de una “manera muy precaria”. Las concejalas dialogaron con distintos detenidos, quienes les contaron sobre sus condiciones, aunque reconocieron que cuentan con el acompañamiento de sus familias y reciben las viandas provistas por el Estado provincial. No obstante, la infraestructura edilicia es “muy precaria”.

Comisaría Primera (En el Centro): Si bien en esta dependencia las condiciones están “un poquito mejores”, las concejalas también se encontraron con “situaciones de mucha precariedad edilicia”.

Frente a este panorama, Rocío Mateo adelantó que “se van a elevar distintos reclamos por parte de la justicia para que puedan mejorarse las condiciones en las que se encuentran” estos espacios.

Posible Instrumento Legislativo en el Concejo Deliberante
Consultada sobre si el Concejo Deliberante acompañará el pedido judicial con alguna medida legislativa, Roldán indicó que aún no se ha conversado en concreto sobre ello. Sin embargo, sugirió que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Evangelina Armada, “va a llamar a una comisión para comentar esto y ver si sacamos un instrumento, haciendo, puede ser, apoyo a la justicia en este pedido”.

La situación de las comisarías, con superpoblación y falencias edilicias, se suma a la ya compleja problemática carcelaria provincial y genera un llamado de atención urgente sobre las condiciones de detención en el distrito.

La jueza de Garantías Aida Lhez dialogó con Código Abierto en K2 Radio.

Allí se refirió a la baja de imputabilidad, a cómo se lleva adelante el proceso para dictar una orden de allanamiento y contó que participó de una reunión por la seguridad con vecinos en Quequén.

Sobre el tema de la baja de punibilidad para los adolescentes, consideró que no va a tener los resultados que se pretenden, porque se dice que las solución es bajar la edad y si uno analiza las estadísticas, los delitos cometidos por menores no son tantos, puede haber casos muy graves, pero lo cierto es que son los menos” y fue tajante al afirmar que “estoy absolutamente en contra de la baja de la punibilidad, porque lo que uno ve, es que los adultos que terminan en una unidad penal fueron chicos con derechos vulnerados” .

A raíz de esto explicó que “debemos tomar conciencia como sociedad que si los chicos no tienen comida, nadie los cuida, Hay muchísimo consumo, esa criatura no va a ser una persona que va a respetar las normas, o al otro” para después expresar “¿y quién es el garante de que estos niños tengan cubiertos sus derechos y su cuidado?, el estado. Por eso a mí me genera mucha indignación que el propio estado está incumpliendo todo lo que tiene que ver con su obligación para con las personas menores de edad, hoy pida penalizarlo”.
Siguiendo con este tema, la Jueza fue más allá cuándo se preguntó y ¿penarlos, cómo? porque hoy el estado argentino no tiene las condiciones para tener personas privadas de su libertad, salvo en casos excepcionales porque no hay lugar, ni las condiciones son ni las mínimas indispensables para alojar a una persona”.

También dejó en claro la importancia de un entorno familiar cuando manifestó que “en un menor si no se trabaja con la familia es casi imposible sacarlo adelante, porque no es una persona capaz de cuidarse y dirigir sus acciones, por eso son menores y por eso tiene una protección especial”.

Para terminar informó que “los chicos van presos en casos graves” y recordó que el fin de la pena siempre es la resocialización y “esto no estaría funcionando”, indicó.

Andrea Cáceres, Directora del Organismo de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires, estuvo en “Punto de Vista” por Ecos Radio y habló acerca de la función que cumple el ente, que vela por los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

La funcionaria explicó, además, cómo está compuesto el mismo y dijo que  existen dos grandes áreas: El de Protección y Promoción de Derechos, y el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, en el cual interviene en situaciones de vulnerabilidad, ya sea en el ámbito familiar o frente a conflictos con la ley.

Al hablar del panorama social que se está viviendo en el territorio bonaerense, Cáceres contó que “nos atraviesan situaciones muy dolorosas, que muchas veces nadie ve, pero que existen y se profundizan en contextos sociales y económicos muy duros”.

Las problemáticas para algunos menores suelen complejizarse en ciertos trayectos de la vida, como cuando no hay un referente afectivo o familiar que pueda asumir el cuidado. Ahí se recurre a medidas de abrigo. Más allá de eso, para Andrea Cáceres, la idea es “evitar la institucionalización y sostener a los chicos dentro de su comunidad”. Por eso, en ese sentido, el programa Identidad y Territorio permite que tíos, abuelos u otros familiares directos puedan cuidar al niño sin que la falta de recursos económicos sea una traba. Acá como dijo la exconcejal de Unión por la Patria, el gobierno provincial destina recursos para ello.

Otro de las herramientas que impulsa el gobierno provincial es el programa Entramados, que articula acciones entre el Organismo de Niñez, la Justicia, Seguridad y la Secretaría General de Gobierno, con el objetivo de prevenir situaciones delictivas en jóvenes. “Es clave mirar a los pibes, saber qué les está pasando y generar propuestas que los acompañen antes de que lleguen al conflicto con la ley”, señaló Cáceres, en la primera mañana de Ecos Radio..

El abordaje integral también contempla medidas socioeducativas cuando hay conflictos penales, con eje en la educación, los vínculos y la comunidad. La ley de buen trato, es un ejemplo, ya que promueve una crianza sin violencias. “Hay que dejar atrás la idea de que cada uno cría como quiere. Eso no es sano. Criar es una responsabilidad social”, reflexionó la funcionaria.