La batalla legal por el Complejo Casino sumó una respuesta de alto voltaje por parte de la Municipalidad de Necochea. Tras el fallo del Juez Carlos Herrera que suspendió la subasta del Complejo Casino del próximo 11 de febrero, el secretario de Legal y Técnica, Ernesto Povilaitis, salió al cruce con un análisis técnico, señalando que el magistrado incurrio en errores de interpretación normativa y fáctica.

Para el Ejecutivo, el fallo carece de sustento porque parte de una premisa falsa: que la subasta implica una obra nueva.

¿Venta o Proyecto? La clave del impacto ambiental

Povilaitis centró su crítica en la exigencia de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) invocada por Herrera bajo la Ley 11.723. El funcionario explicó que la Ordenanza 12.009/25 solo dispone la venta del inmueble en el estado en que se encuentra, “con todo lo edificado, plantado y adherido al suelo”, sin prever construcciones ni alteraciones edilicias.

“El Juez Herrera debió aclarar cuál sería la obra o actividad que produciría un efecto negativo, ya que la ordenanza no prevé proyectos nuevos. Es un simple cambio de titularidad dominial”, sentenció Povilaitis.

En este sentido, el municipio argumenta que no se puede realizar un estudio de impacto ambiental sobre “lo existente” si no hay un proyecto de modificación. “La participación ciudadana o la audiencia pública corresponderán cuando se presenten indicadores urbanísticos o proyectos de obra, no ante una mera transferencia de propiedad”, añadió.

Cuestionamiento a la “Autoridad de Aplicación”

Otro de los puntos de fricción es el rol de la Comisión de Preservación. En su fallo, Herrera afirmó que la subasta se frenaba porque no se había expedido dicha comisión como “autoridad de aplicación”.

Povilaitis fue tajante al desmentirlo:

• El error del Juez: El funcionario citó el artículo 3º de la Ordenanza 4238/00, que establece que la autoridad de aplicación es el Departamento Ejecutivo, no la Comisión.
• Funciones taxativas: Según el municipio, la Comisión de Preservación tiene funciones de asesoramiento y categorización, pero ninguna norma la faculta para dictaminar con carácter previo a una desafectación de inmuebles.

Crítica a la celeridad judicial

El secretario de Legal y Técnica no dejó pasar un detalle temporal: el municipio presentó su informe previo a las 11:50 del viernes y el Juez Herrera dictó la sentencia cautelar a las 14:00 del mismo día.

“En el exiguo tiempo de poco más de 2 horas que se tomó el magistrado para leer el informe y dictar sentencia, no advirtió las circunstancias descriptas”, disparó Povilaitis.

Ya está disponible el fallo del Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de Necochea, que suspendió la subasta del Casino.

A continuación, los puntos claves que explican por qué la Justicia decidió poner un “freno de mano” al Ejecutivo municipal:

1. El riesgo de “Hechos Consumados”

El juez Carlos Herrera aplicó el concepto jurídico de periculum in mora (peligro en la demora). Según el magistrado, si la subasta se realizaba el 11 de febrero sin haber cumplido con todos los pasos legales, cualquier sentencia posterior sería inútil. “Realizada la subasta, podría resultar de imposible o difícil reparación ulterior”, advierte el fallo, señalando que la venta alteraría la situación de hecho de forma irreversible.

2. Falta de Convalidación Provincial

Uno de los puntos más técnicos y críticos del fallo es la referencia al Decreto Ley 8.912. El juez sostiene que no se ha acreditado que los cambios de uso del suelo y los indicadores urbanísticos propuestos para el predio cuenten con la convalidación de la Provincia de Buenos Aires. Sin este aval provincial, el municipio no tendría la potestad de avanzar en la enajenación bajo las condiciones actuales.

3. Omisión de la Comisión de Preservación

El fallo subraya un incumplimiento local: antes de desafectar el Complejo Casino mediante la Ordenanza 12.009/25, debería haberse expedido la Comisión de Preservación del Patrimonio, autoridad de aplicación según la Ordenanza 7.106/10. “No se encuentra acreditado que se hubiere expedido dicha comisión”, indica el texto judicial.

4. El Medio Ambiente y la Participación Ciudadana

Herrera hizo especial hincapié en la reforma constitucional de 1994, citando los artículos 41 de la Constitución Nacional y 28 de la de la Provincia.

“Se debe poner de sobresalto el deber constitucional de preservación del medio ambiente (…) y la obligación de garantizar los derechos a una amplia información ambiental y a la participación ciudadana”, señala el magistrado.

Bajo este criterio, un proyecto de tal magnitud sobre el frente costero no puede avanzar sin mecanismos que aseguren que la comunidad ha sido debidamente informada y consultada.📝📝📝Ya está disponible el fallo del Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de Necochea, que suspendió la subasta del Casino.El fallo del titular del Juzgado Contencioso Administrativo N° 1, Dr. Carlos Herrera detalla una serie de presuntas omisiones administrativas que, de concretarse la venta, podrían haber generado un perjuicio para el patrimonio público.A continuación, los puntos clave que explican por qué la Justicia decidió poner un “freno de mano” al Ejecutivo municipal:1. El riesgo de “Hechos Consumados”El Juez Herrera aplicó el concepto jurídico de periculum in mora (peligro en la demora). Según el magistrado, si la subasta se realizaba el 11 de febrero sin haber cumplido con todos los pasos legales, cualquier sentencia posterior sería inútil. “Realizada la subasta, podría resultar de imposible o difícil reparación ulterior”, advierte el fallo, señalando que la venta alteraría la situación de hecho de forma irreversible.2. Falta de Convalidación ProvincialUno de los puntos más técnicos y críticos del fallo es la referencia al Decreto Ley 8.912. El juez sostiene que no se ha acreditado que los cambios de uso del suelo y los indicadores urbanísticos propuestos para el predio cuenten con la convalidación de la Provincia de Buenos Aires. Sin este aval provincial, el municipio no tendría la potestad de avanzar en la enajenación bajo las condiciones actuales.3. Omisión de la Comisión de PreservaciónEl fallo subraya un incumplimiento local: antes de desafectar el Complejo Casino mediante la Ordenanza 12.009/25, debería haberse expedido la Comisión de Preservación del Patrimonio, autoridad de aplicación según la Ordenanza 7.106/10. “No se encuentra acreditado que se hubiere expedido dicha comisión”, indica el texto judicial.4. El Medio Ambiente y la Participación CiudadanaHerrera hizo especial hincapié en la reforma constitucional de 1994, citando los artículos 41 de la Constitución Nacional y 28 de la de la Provincia.“Se debe poner de sobresalto el deber constitucional de preservación del medio ambiente (…) y la obligación de garantizar los derechos a una amplia información ambiental y a la participación ciudadana”, señala el magistrado.Bajo este criterio, un proyecto de tal magnitud sobre el frente costero no puede avanzar sin mecanismos que aseguren que la comunidad ha sido debidamente informada y consultada.