Necochea
Causa Sitio 0: revocaron el sobreseimiento de Porcaro, De Gregorio, Bibel y Portella

La Cámara de Casación Penal dejó sin efecto los sobreseimientos que habían beneficiado al operador del kirchnerismo Roberto Porcaro, al juez federal de Necochea Bernardo Bibel y al fiscal Juan Manuel Portela, entre otros acusados, investigados por la manera en que realizaron la investigación de la concesión de la construcción de un elevador de granos de 60 millones de dólares en el puerto de Quequén, según informa hoy el diario La Nación.
La decisión es de la Sala IV de la Cámara de Casación, que hizo lugar al recurso de la fiscalía contra la sentencia que había sobreseído a los imputados. El fallo lleva la firma de los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos.
Los afectados por la decisión judicial son Porcaro, Bibel, Portela y José Luis de Gregorio, presidente de la Administración del Puerto de Quequén, entre otros miembros de la administración judicial y empresarios.
El caso empezó en el 2012 cuando De Gregorio, como presidente del consorcio de puertos de Quequén, otorgó sin licitación una concesión para construir un elevador de granos en ocho hectáreas ubicadas en la boca del puerto denominada “Sitio 0″, donde se cargan los buques que vienen desde el exterior. Es un contrato por casi 50 años, a cambio de obras por 60 millones de dólares.
La empresa concesionaria habría sido creada diez días después de recibir la concesión. Se llama “Sitio 0 de Quequén SA” y entre sus socios “aparecen Financial Net., Alea y Cia, E-Grain, Lartirigoyen y Cia, y A&J Nari”.
Por eso, en el expediente FMP 2492/2013 se inició una investigación. Se puso el ojo en la irregular adjudicación de una obra pública en el Puerto de Quequén y concesión de su explotación a un consorcio de sociedades privado -entre las cuales se encontrara la firma Financial Net Sociedad de Bolsa S.A-, sin licitación o compulsa de precios, en violación a la ley de contrataciones del Estado.
También se investigó la supuesta recepción de un pago por un millón de dólares por parte de Roberto Florentino Porcaro, operador político del Frente para la Victoria y de su esposa, Patricia Sirvente, a través de bonos del Estado, para hacer valer su influencia sobre los funcionarios públicos a cargo de la administración del puerto, con el fin de que se concretara la contratación.
Además, se investigó un posible lavado de dinero, a raíz de que los títulos de deuda soberana con los que se habría efectivizado el pago a Porcaro tendrían un origen ilícito.
Los bonos, que pertenecerían a la empresa Helvetic Services Group S.A., mencionada en la causa de “La ruta del dinero K” y el lavado de dinero de Lázaro Báez, habrían sido transferidos a Porcaro por sus representantes, Jorge Chueco y Néstor Marcelo Ramos (mencionados tabién en la causa Báez), y la operación habría sido llevada a cabo por intermedio de la firma Financial Net Sociedad de Bolsa S.A., cuyo presidente resultaba ser Carlos Honorio Mocorrea.
De acuerdo a la denuncia, desde que fue recibida la causa FMP 2492/2013 en el Juzgado Federal de Necochea, el fiscal federal no habría encaminado las medidas de prueba pertinentes y conducentes para el esclarecimiento de los hechos, sino que, al contrario, habría incurrido en un actuar deficiente para direccionar las actuaciones a su archivo, temperamento éste que fue adoptado por el juez Bibel, quien se basó para ello principalmente en el dictamen desestimatorio del acusador.
Ahora, los jueces de casación entendieron que las cuestiones que la Cámara pretendió tener por acreditadas a fin de dictar los sobreseimientos dispuestos en el caso que se investiga la irregular instrucción de la causa se presentan controvertidas y deben ser suficientemente analizadas a la luz de las pruebas obrantes en la causa y del resultado que pudieran arrojar aquellas medidas probatorias propuestas por la acusación, permitiendo de este modo esclarecer lo ocurrido previo resolver la situación procesal de los encausados.
El juez Hornos consideró que también debía ser revocado el sobreseimiento de Eric Adler, quien durante la tramitación había designado como perito de parte por Porcaro y era pariente del fiscal General Adler. Sin embargo, por la decisión conjunta de los jueces Borinsky y Carbajo, su sobreseimiento quedó firme.
Fuente: La Nación y TSN Necochea
Necochea
Tragamonedas: no se sabe si hay interesados en la licitación

A tan solo una semana de la fecha clave para el futuro de la sala de Juegos de Casino de Necochea, reina la incertidumbre respecto a la licitación para su modernización y la instalación de máquinas tragamonedas.
El próximo 8 de julio se conocerán las ofertas, pero hasta el momento, el Instituto de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires no ha brindado información oficial sobre si alguna empresa ha adquirido los pliegos. Ante las requisitorias periodísticas de Alerta Alejandro.
La falta de datos genera preocupación en nuestra ciudad, especialmente en quienes se desempeñan laboralmente en la sala de juegos de nuestra ciudad, ya que la modernización de la sala de juego es un tema de interés para el desarrollo turístico y económico de la ciudad.
La presentación de ofertas fue fijada para el martes 8 de julio a las 12:00 en el Salón de Sorteos del Instituto.
Vale recordar que a través de la resolución N° 449 del Instituto Provincial de Loterías y Casinos, lanzó una licitación pública para contratar la provisión y mantenimiento de máquinas tragamonedas, junto con obras de remodelación, servicios anexos y control online en siete casinos bonaerenses.
Los casinos afectados incluyen el Anexo III de Mar del Plata (Hotel Hermitage), el Anexo I (Hotel Sasso), Mar de Ajó, Necochea, Tandil, Miramar y Sierra de la Ventana, entre otros.
Necochea
Acto por un nuevo Aniversario de la Prefectura Naval Argentina

La Prefectura Naval Argentina, una de las instituciones más antiguas del país, celebrará hoy su 215º aniversario con un acto central que se realizará a las 10:30 horas en la sede de la Prefectura Quequén, ubicada en calle 507 Nº 945.
El evento será presidido por el Prefecto Principal Fernando Roberto Rodríguez y contará con la presencia de autoridades locales e invitados especiales, quienes se reunirán para conmemorar la trayectoria y el rol fundamental de la fuerza en la seguridad de las vías navegables y la protección marítima y portuaria de nuestra región.
Necochea
Aumenta la tarifa de la Usina Popular Cooperativa

El gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó un nuevo incremento en las tarifas de luz que comenzará a regir desde este lunes 1° de julio. La suba, impulsada por el precio mayorista nacional y el ajuste del Valor Agregado de Distribución (VAD), tendrá un impacto promedio del 3% en las facturas de los hogares bonaerenses, afectando consumos de junio y julio.
De esta forma en Necochea y Quequén aumentará la boleta mensual dela Usina Popular Cooperativa a partir de este mes.
Tal como ocurre con el transporte público, las autoridades provinciales vienen aplicando actualizaciones mensuales en los precios. En el caso de la electricidad, los incrementos se explican por el aumento del precio mayorista de la energía -definido por el Gobierno Nacional- y por el ajuste del VAD, un componente provincial de la tarifa. La medida quedó establecida mediante la Resolución 599/25, publicada este lunes en el Boletín Oficial.
Desde el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos confirmaron que el impacto promedio en la factura de los usuarios residenciales será del 3%. Este aumento se aplicará sobre los consumos registrados durante junio y julio, por lo que los usuarios comenzarán a notarlo en las facturas que recibirán entre julio y agosto.
¿Cómo quedarán las tarifas de luz tras el aumento?
Con el nuevo esquema, un usuario residencial catalogado como N1 -es decir, de ingresos altos- con un consumo medio, pasará a pagar aproximadamente $39.800. En tanto, un usuario N2 -con ingresos bajos- que este mes abonó $24.400, verá un aumento que lo llevará a pagar alrededor de $25.300.
La medida forma parte de una serie de ajustes tarifarios mensuales que las autoridades bonaerenses vienen aplicando como parte de la política de actualización de precios de los servicios públicos.
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