Desde la Usina Popular Cooperativa se informó que aumentó el robo de energía y de cables y hechos vandálicos.
Entre 2022 y 2023 la UPC labró, solamente en el barrio conocido como Villa Marítima Zabala, la cantidad de sesenta y nueve (69) actas de fraude de energía y otras irregularidades vinculadas a la conexión de los consumidores y usuarios a la red de energía eléctrica.
A los continuos hurtos y robos de material eléctrico que sufre diariamente la distribuidora y que son de público conocimiento (cables, transformadores, componentes metálicos, etc.) se suma un perjuicio de mayor magnitud económica, constituido por el hurto/robo/fraude de energía, que consiste en el vulgarmente conocido “enganche” de las líneas que conducen el fluido eléctrico.
Cuando alguien roba energía no sólo evita pagar lo que le corresponde por el servicio que usa, pone en peligro su vida, la de los demás y también genera un efecto sobre la red eléctrica, la cual sobrecarga por un consumo desmedido.
Esto perjudica a sus vecinos, quienes pueden sufrir problemas de tensión que dañen sus electrodomésticos.
Desde la Usina Popular Cooperativa indican que “robar energía representa un riesgo de vida y además es un delito”. Para después señalar que “el ladrón no solamente no paga, sino que además hace un uso desmedido de la electricidad y sobrecarga la red, al no importarle hacer un consumo responsable si en definitiva “no lo paga”.
Cuando alguien manipula la red en forma ilegal sufre peligro de electrocutarse. También puede generar daños en la vivienda de sus vecinos generando altibajos en la tensión.
A ello pueden sumarse incendios o explosiones alrededor de la red eléctrica o en la baja de los cables a los hogares.
El hurto o robo de energía se encuentra contemplado dentro de los delitos del Código Penal (art. 162 y 164).
