Ernesto Povilaitis, secretario Legal y Técnica de la Municipalidad, participó de la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante para informar sobre el estado de la cobrabilidad de la tasa solidaria de mantenimiento vial, conocida como tasa portuaria. Según explicó el funcionario, el municipio ha iniciado el trámite de determinación de oficio para establecer el monto que las empresas agroexportadoras adeudan por los meses de enero, febrero y marzo.
Esto se debe a que dichas empresas vienen incumpliendo con la obligación de efectuar una declaración jurada mensual respecto de las cargas movilizadas.
El proceso implica que, una vez determinado el monto, las terminales tendrán 15 días para pagar o apelar. En caso de que la apelación sea rechazada y las empresas sigan sin abonar, el municipio iniciará la instancia judicial de cobro, lo que podría derivar en medidas cautelares en contra de las empresas.
Fallo a Favor del Municipio y Novedades en la Justicia
Povilaitis también explicó a los concejales que las empresas han incumplido con su obligación de presentar una declaración jurada mensual. Por ello, el municipio también ha iniciado los reclamos correspondientes por los períodos de abril, mayo, junio, julio y agosto.
El funcionario también se refirió a la situación judicial de la tasa, destacando que la justicia se expidió a favor del municipio al rechazar un pedido de medida cautelar de una de las terminales. Este fallo, que confirma la facultad del municipio para cobrar la tasa, deja sin fundamentos la negativa de las empresas a pagar.
Finalmente, Povilaitis señaló que, aunque algunas terminales recurrieron a la justicia federal, esta se habría declarado “incompetente” en el tema. El funcionario concluyó que la Corte Suprema de la Nación ya ha establecido que las tasas municipales son competencia de la justicia provincial.
