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“Las leyes son necesarias pero sin un gobierno que las ejecute no alcanzan”

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El asesinato de un colectivero en la zona oeste del AMBA volvió a poner el foco en la problemática de la inseguridad en el transporte público en la provincia, principalmente en la zona del Gran Buenos Aires. Suele criticarse de manera genérica a “la política” cuando en realidad, en muchos casos, corresponde hablar de grados de responsabilidad concretos. En el caso puntual de la inseguridad en el transporte público salta a la vista la falta de aplicación, por parte del Poder Ejecutivo provincial, de una Ley elaborada por el Legislativo.

Martín Domínguez Yelpo es el Diputado que en el año 2016 elaboró un proyecto de Ley solicitando la instalación de cámaras de seguridad en los colectivos de la provincia. Aprobada en 2017 y reglamentada a mediados de 2018, la Ley apenas fue implementada por el gobierno provincial y, a día de hoy, poco más del 10% de las unidades cuentan con cámaras que ni siquiera están conectadas a un centro de monitoreo que funcione adecuadamente. Este jueves, Domínguez Yelpo dialogó con medios nacionales como La Nación, La Tecla o Infocielo, donde realizó un repaso del derrotero y el estado de situación del tema.

El diputado oriundo de Necochea explicó que la Ley 14.897 estableció que todos los transportes colectivos que circulen por el territorio bonaerense -inclusive los de larga distancia-, «deben contar con cámaras de seguridad en el interior de cada vehículo, que filmen en tiempo real y almacenen las imágenes durante un período cierto, en las condiciones que establezca la reglamentación». “La medida fue promulgada el 23 de enero de 2017 pero, seis años después, solo 13 por ciento de las unidades que circulan en la provincia se atienen a la norma. De un total de 10 mil unidades en funcionamiento, solo 1.300 poseen cámaras de seguridad”, señaló el legislador al portal Infocielo.

Como indicó el diario La Nación, Fuentes del ministerio de Transporte de la Provincia que conduce Jorge D’Onofrio informaron que, a mediados de 2021, la administración de Axel Kicillof dispuso que $2500 millones en subsidios fuesen utilizados para la instalación del equipamiento de cámaras y chip en colectivos. Apenas un puñado de las empresas cumplió, aunque la mayoría –advirtieron en el Gobierno- directamente no brinda información al respecto.

Domínguez Yelpo explicó a La Nación que los 2500 millones de pesos a los que hizo referencia Sergio Berni este lunes eran para equipar a 8700 colectivos. De ese total, solo pusieron cámaras, según el diputado provincial, en unas 1300 unidades. “Ese dinero se le dio como compensación en 2020 a las empresas y tenían 180 días para poner las cámaras. Acá hubo negligencia de los dos lados, de los empresarios, que no las colocaron y del Estado, que no controló”, manifestó. En diálogo con Necochea Digital agregó que “el gobierno de Axel Kicillof anunció que destinó 2500 millones de pesos a las empresas para que instalen cámaras de seguridad. Las cámaras no se instalaron. ¿Dónde fueron a parar esos 2500 millones? ¿El gobierno no controla qué se hace con los fondos que destina? Las leyes son necesarias pero por sí solas, sin un gobierno que las ejecute, no alcanzan”.

Tras el asesinato del chofer Daniel Barrientos el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) acordaron conformar una comisión de seguimiento para poner en marcha la instalación de cámaras de seguridad en los colectivos urbanos, que deberán contar con un chip para transmitir en vivo, una decisión tardía y obligada por la coyuntura. “Ahora que ocurrió esta tragedia anuncian que van a crear una ‘comisión de seguimiento’ para instalar cámaras en los colectivos, tuvieron cuatro años para garantizar el cumplimiento de una Ley que se reglamentó en 2018. Es una tomada de pelo para la familia de Daniel Barrientos y de otros choferes asesinados mientras desempeñaban su trabajo”.

Yelpo admite que “las cámaras por sí solas no van a frenar la inseguridad pero permiten identificar rápidamente a los delincuentes y eso va a desalentar futuros ataques. Hoy, sin cámaras y sin monitoreo los delincuentes actúan con total impunidad”.

Como consignó Infocielo, ahora el gobierno bonaerense se comprometió ayer «a crear una comisión de seguimiento para poder poner en marcha la gran mayoría de las cámaras instaladas», a la vez que anunció la puesta en «funcionamiento el centro de monitoreo con inteligencia artificial y toda la tecnología», según manifestó el ministro de Transporte, Jorge D´Onofrio, tras las protestas del mediodía. Habrá que esperar que, esta vez, el Ejecutivo cumpla y haga cumplir la Ley.

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Política

Una ley impulsada por Dominguez Yelpo, clave para propuesta del gobierno provincial

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El gobierno de la provincia de Buenos Aires analiza implementar una medida que restringiría la circulación de dos personas en una misma moto, con el objetivo de reducir hechos delictivos. Así lo indicó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.

Según explicó el funcionario, la eventual medida podría aplicarse “por zonas, franjas horarias y con previo pedido de los intendentes”. Alonso precisó que no se trataría de una disposición general, sino de una herramienta a disposición de los municipios.

Es una medida sensible, por eso creemos que debe ser el intendente el que lo solicite. Hay una ley que nos permite tomar esa medida como Ministerio de Seguridad”, señaló.

La normativa en estudio estaría contemplada en la Ley “Antimotochorros”, aprobada en 2019, que establece también la obligación de llevar impresa la patente en el casco y en el chaleco. Esta última exigencia, reconoció Alonso, no se estaría cumpliendo en la actualidad.

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Dicha ley fue impulsado pro el entonces diputado provincial, Martín Dominguez Yelpo junto a Carolina Píparo y Matías Ranzini. La misma permite a los municipios restringir la circulación de dos personas en moto en zonas y horarios determinados. El Ministerio de Seguridad provincial dejó abierta la puerta a que el Municipio lo evalúe.

Aunque el enfoque estaría puesto principalmente en el Conurbano bonaerense, la restricción podría extenderse a los 135 municipios de la provincia, en caso de que la medida avance.

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Necochea

“Prometemos convertir al Partido Justicialista en una escuela de acción política”

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Un grupo de afiliados al Partido Justicialista encabezados por Diego Quintana y Sergio Bogliolo hizo público su intención de competir en las elecciones internas del Partido Justicialista.

Para eso hicieron público un documento en el cual dan a conocer sus ideas para llevar adelante en el PJ.

En el escrito afirman que “prometen convertir al Partido Justicialista de nuestro distrito:  en una escuela de acción política, en un organismo de difusión de nuestro pensamiento  y en el lugar desde donde promoveremos nuevos militantes.

Además afirman que “impulsarán terminar con la nociva costumbre de la lista única, que ordena de arriba hacia abajo, pero desordenada de abajo hacia arriba, al suprimir la competencia y el voto del afiliado en el nivel municipal, fomentando su desinterés por la política”.

Con respecto a la faz legislativa indigna que llevarán propuestas  al Concejo Deliberante vinculadas al Complejo Casino; al Frente Marítimo, Romper con la lenta extinción de la vida del Festival Infantil, informes sobre las concesiones otorgadas por la Municipalidad en los últimos veinticinco años. 

Finalizan afirmando que “nos proponemos luchar, revalorizando el máximo posible la importancia de la política local, para todo esto pedimos el apoyo de nuestros compañeros y de la ciudadanía toda”.

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Necochea

Tasa Portuaria: Notificaron a las empresas para que empiecen a pagar

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La Municipalidad de Necochea notificó a las terminales portuarias para que se inscriban en el registro y comiencen a abonar la Tasa Solidaria por Mantenimiento Diferenciado de la Red Vial (conocida como tasa portuaria).


En dicho registro deben inscribirse las terminales de carga que funcionan en Puerto Quequén, las cuales exportan mercadería y cuyo traslado se realiza por las calles internas del distrito, especialmente de Quequén.


Esto tiene como único fin compensar el deterioro que deja el paso de los miles de camiones en las calles y así poder mantener la infraestructura vial.


Al no haberse anotado las empresas, la Municipalidad tomó la decisión de llevar adelante esta intimación y en caso de no tener una respuesta, podrá continuar con el proceso judicial.
Asimismo, las terminales portuarias respondieron presentando un recurso administrativo ante la Municipalidad en el cual señalan que a ellos no les corresponde pagar.


A raíz de esto, el Departamento Ejecutivo está tramitando este recurso, que sería resuelto en los próximos días, rechazándose el planteo de las terminales portuarias y avalando el cobro de la tasa solidaria implementada la Ordenanza Fiscal Impositiva del 2025.


Las empresas intimadas son:

-Sitio 0 de Quequén S.A.
-Terminales y Servicio S.A.
-Pier Doce SA
-Terminal fertilizantes S.A.
-Terminal quequén S.A.
-Asociación de Cooperativas Argentinas Coop. LTDA.

En febrero pasado se realizó la publicación en el Boletín Oficial Municipal y en el boletín oficial de la provincia de Buenos Aires sobre esta normativa y se notificó a todas las terminales del puerto de Necochea. Desde los primeros días de marzo las terminales portuarias contaban con un plazo para inscribirse en el régimen de ingresos brutos y presentar una declaración jurada con el monto exportado el mes anterior.


En caso de que las terminales no presentarán la declaración jurada, la Fiscal Impositiva prevé un incremento en el monto a pagar, duplicando el valor de la tasa, además se podrá determinar de oficio el monto a liquidar.


Vale destacar que para que se pueda llevar adelante este proceso, en febrero, la Municipalidad de Necochea mediante un decreto habilitó el circuito de salida e ingreso con egreso y acceso a las terminales portuarias, ubicadas en el partido de Necochea para los camiones.

Este es un paso clave que determina por dónde debe trasladarse la mercadería que luego es exportada por Puerto Quequén y en dónde quedan a las claras las consecuencias en la infraestructura vial, que deja la enorme cantidad de camiones que circulan trasladando la mercadería.


Si tenemos en cuenta la cantidad de toneladas que movilizó Puerto Quequén en 2024 (7.770.387 TN) se utilizaron más de 200,000 viajes de camiones para trasladar los cereales y oleaginosas de las plantas de silos hacia las terminales portuarias.


Y esto sin contar los viajes denominados traspile, o cualquier otra circulación que hagan camiones cargados por el núcleo urbano de la ciudad.


Está más que claro que las empresas que exportan, se benefician de los servicios que brinda la Municipalidad de Necochea y de las tasas que abonan el resto de los vecinos. Por lo cual está decisión municipal lo que busca es poder compensar el deterioro que deja el paso de la producción y así mantener la infraestructura vial de Necochea y Quequén.

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