El asesinato de un colectivero en la zona oeste del AMBA volvió a poner el foco en la problemática de la inseguridad en el transporte público en la provincia, principalmente en la zona del Gran Buenos Aires. Suele criticarse de manera genérica a “la política” cuando en realidad, en muchos casos, corresponde hablar de grados de responsabilidad concretos. En el caso puntual de la inseguridad en el transporte público salta a la vista la falta de aplicación, por parte del Poder Ejecutivo provincial, de una Ley elaborada por el Legislativo.
Martín Domínguez Yelpo es el Diputado que en el año 2016 elaboró un proyecto de Ley solicitando la instalación de cámaras de seguridad en los colectivos de la provincia. Aprobada en 2017 y reglamentada a mediados de 2018, la Ley apenas fue implementada por el gobierno provincial y, a día de hoy, poco más del 10% de las unidades cuentan con cámaras que ni siquiera están conectadas a un centro de monitoreo que funcione adecuadamente. Este jueves, Domínguez Yelpo dialogó con medios nacionales como La Nación, La Tecla o Infocielo, donde realizó un repaso del derrotero y el estado de situación del tema.
El diputado oriundo de Necochea explicó que la Ley 14.897 estableció que todos los transportes colectivos que circulen por el territorio bonaerense -inclusive los de larga distancia-, «deben contar con cámaras de seguridad en el interior de cada vehículo, que filmen en tiempo real y almacenen las imágenes durante un período cierto, en las condiciones que establezca la reglamentación». “La medida fue promulgada el 23 de enero de 2017 pero, seis años después, solo 13 por ciento de las unidades que circulan en la provincia se atienen a la norma. De un total de 10 mil unidades en funcionamiento, solo 1.300 poseen cámaras de seguridad”, señaló el legislador al portal Infocielo.
Como indicó el diario La Nación, Fuentes del ministerio de Transporte de la Provincia que conduce Jorge D’Onofrio informaron que, a mediados de 2021, la administración de Axel Kicillof dispuso que $2500 millones en subsidios fuesen utilizados para la instalación del equipamiento de cámaras y chip en colectivos. Apenas un puñado de las empresas cumplió, aunque la mayoría –advirtieron en el Gobierno- directamente no brinda información al respecto.
Domínguez Yelpo explicó a La Nación que los 2500 millones de pesos a los que hizo referencia Sergio Berni este lunes eran para equipar a 8700 colectivos. De ese total, solo pusieron cámaras, según el diputado provincial, en unas 1300 unidades. “Ese dinero se le dio como compensación en 2020 a las empresas y tenían 180 días para poner las cámaras. Acá hubo negligencia de los dos lados, de los empresarios, que no las colocaron y del Estado, que no controló”, manifestó. En diálogo con Necochea Digital agregó que “el gobierno de Axel Kicillof anunció que destinó 2500 millones de pesos a las empresas para que instalen cámaras de seguridad. Las cámaras no se instalaron. ¿Dónde fueron a parar esos 2500 millones? ¿El gobierno no controla qué se hace con los fondos que destina? Las leyes son necesarias pero por sí solas, sin un gobierno que las ejecute, no alcanzan”.
Tras el asesinato del chofer Daniel Barrientos el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) acordaron conformar una comisión de seguimiento para poner en marcha la instalación de cámaras de seguridad en los colectivos urbanos, que deberán contar con un chip para transmitir en vivo, una decisión tardía y obligada por la coyuntura. “Ahora que ocurrió esta tragedia anuncian que van a crear una ‘comisión de seguimiento’ para instalar cámaras en los colectivos, tuvieron cuatro años para garantizar el cumplimiento de una Ley que se reglamentó en 2018. Es una tomada de pelo para la familia de Daniel Barrientos y de otros choferes asesinados mientras desempeñaban su trabajo”.
Yelpo admite que “las cámaras por sí solas no van a frenar la inseguridad pero permiten identificar rápidamente a los delincuentes y eso va a desalentar futuros ataques. Hoy, sin cámaras y sin monitoreo los delincuentes actúan con total impunidad”.
Como consignó Infocielo, ahora el gobierno bonaerense se comprometió ayer «a crear una comisión de seguimiento para poder poner en marcha la gran mayoría de las cámaras instaladas», a la vez que anunció la puesta en «funcionamiento el centro de monitoreo con inteligencia artificial y toda la tecnología», según manifestó el ministro de Transporte, Jorge D´Onofrio, tras las protestas del mediodía. Habrá que esperar que, esta vez, el Ejecutivo cumpla y haga cumplir la Ley.
El Dato: Un conflicto de poderes es una herramienta jurídica excepcional contemplada en la Constitución Provincial para dirimir cuándo un órgano del Estado local invade las competencias de otro. Mientras la Corte define si acepta el caso y dicta la suspensión, la ordenanza entra en un limbo legal que marcará el diálogo entre el palacio municipal y el Concejo Deliberante.
