El Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (COLPROBA), del cuál es parte el del Departamento Judicial de Necochea, publicó una carta abierta a los Legisladores de la Nación para manifestar su posición respecto al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 y al proyecto de Ley “Bases y puntos de partida para la libertad de los Argentinos”.

El COLPROBA, que nuclea a 20 colegios de abogados de las 20 departamentales bonaerenses utilizó esta herramienta para brindar su opinión “a los fines que tengan a bien considerarla sobre algunas reformas que resultan inconvenientes, o bien que no tendrán una aplicación concordante a la finalidad buscada, así como también que tengan en consideración nuestras críticas constructivas; y al mismo tiempo conozcan nuestro cuestionamiento profundo con el uso excesivo de los DNU, que se consuma en este caso con el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que tenemos el deber de no convalidar, que esta práctica se viene llevando adelante inclusive desde antes de la reforma de la Constitución de 1994, y cuya extrema gravedad se refleja en la inconstitucional ley 26.122 sancionada por el Congreso Nacional”.

La Carta abierta a los legisladores de la Nación Argentina, señala lo siguiente:

“Los presidentes y presidentas de los 20 Colegios Departamentales que conforman el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires emitieron una carta abierta a los legisladores de la Nación Argentina. En la misma, expresan su preocupación y desacuerdo con el decreto de necesidad y urgencia 70/23, cuestionando su uso recurrente y la validez constitucional de la ley 26.122, que consideran una deformación de la cláusula constitucional.

Además, critican el proyecto de ley “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” (Mensaje 7/2023), destacando que introduce modificaciones sustanciales en diversas áreas legales, como relaciones civiles, comerciales, laborales, género y diversidad, legislación penal, administrativa y electoral. Señalan la intempestiva introducción de reformas que consideran inconvenientes, impracticables o con posibles repercusiones constitucionales.

Los firmantes solicitan a los legisladores que consideren sus opiniones al evaluar la viabilidad de las reformas propuestas, destacando la inconveniencia de su implementación intempestiva. Piden una valoración detallada de las reformas, algunas de las cuales podrían entrar en conflicto con principios constitucionales y convencionales y la transversalidad de determinadas temáticas que han llevado a la elaboración de este documento.

El proyecto de ley aborda busca introducir el divorcio administrativo en Argentina, permitiendo que los cónyuges disuelvan su matrimonio mediante una presentación conjunta ante un órgano administrativo. La carta abierta destaca la oposición a esta propuesta, argumentando que la figura del abogado es crucial en situaciones de divorcio para garantizar asesoramiento y protección de derechos. Se critica la falta de perspectiva integral en el proyecto, señalando que no aborda adecuadamente los aspectos legales relacionados con hijos menores y otros efectos del divorcio. Además, se cuestiona la afirmación de que la legislación propuesta sigue estándares internacionales, argumentando que otros países con divorcio administrativo requieren asesoramiento legal y solo aplican esta modalidad en casos sin complicaciones. Se defiende la integralidad y sistematicidad del proceso de divorcio judicial actual, destacando su manejo efectivo y la participación de abogados en la resolución de conflictos familiares. Se concluye alertando sobre posibles conflictos normativos entre el proyecto y las leyes procesales locales.

El texto de reforma propone también la implementación de la sucesión extrajudicial o notarial en Argentina. En torno a ello la Colegiación bonaerense destaca la crítica a la técnica legislativa del proyecto, cuestionando la opción de permitir este tipo de sucesión en casos sin controversia entre los herederos y cuando todos son capaces. Se argumenta que el proyecto podría generar conflictos y que ya existe una regulación procesal suficiente en los códigos de procedimientos. Se menciona la oposición de expertos y colegios de abogados a la sucesión notarial, señalando posibles violaciones constitucionales y la falta de necesidad práctica, ya que los procesos sucesorios no contenciosos son generalmente simples y rápidos en la vía judicial. Además, se critican aspectos específicos del proyecto, como los requisitos y aranceles notariales, sugiriendo que la intervención judicial brinda mayor seguridad jurídica. Se concluye mencionando la importancia de considerar la realidad política en la discusión del proyecto.

En conclusión, se insta a los legisladores a considerar las críticas constructivas presentadas en el documento y a evaluar la pertinencia y prudencia en la implementación de las reformas propuestas. Se hace énfasis en la necesidad de un análisis exhaustivo, la búsqueda de antecedentes y datos justificativos, así como la importancia de lograr consenso y coherencia en el ordenamiento jurídico. Se subraya la importancia de evitar modificaciones apresuradas y sin la necesaria fundamentación, especialmente al abordar aspectos fundamentales del Código Civil y Comercial. Se alerta, finalmente sobre posibles retrocesos en materia de género, diversidad y salud mental, señalando que ciertas propuestas podrían violar el sistema constitucional-convencional. Para finalizar se hace un llamado a reflexionar sobre las delegaciones legislativas para preservar la división de poderes y se destaca la importancia de que cualquier reforma supere el test de razonabilidad consagrado en la Constitución Nacional”.