Un importante grupo de dirigentes y legisladores (MC) de la Unión Cívica Rádical le enviaron una carta abierta a los senadores y senadoras de este partido.
En la misma le solicitan “el rechazo de la iniciativa legislativa” y señalan que “Es preciso que denuncien que las privatizaciones se impulsan con la clara intención de vaciar y destruir empresas del estado”.
También aseguran que “legisladores de la UCR deben ser ejemplo de independencia y resistencia al embate anarcolibertario, defendiendo los principios de la social democracia. Ya ha terminado en el mundo la era de las convicciones absolutas del siglo pasado; la era de los mesianismos y de los historicismos fáciles. El futuro no está predeterminado”.
La carta abierta es la siguiente:
CARTA ABIERTA A NUESTROS/AS SENADORES y SENADORAS NACIONALES:
En nuestro carácter de legisladores/as nacionales MC, frente al debate parlamentario sobre la denominada “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” que actualmente tiene media sanción de la H. Cámara de Diputados de la Nación, nos dirigimos a los senadores y senadoras nacionales identificados con la Unión Cívica Radical por un imperativo moral: el rechazo de la iniciativa legislativa.
“La Argentina afronta la necesidad de construir un futuro capaz de sacarla de largos años de decadencia y de frustraciones. Frente al fracaso y el estancamiento hemos propuesto el camino de la modernización ética para el desarrollo de una democracia solidaria, participativa y eficaz. No se trata de modernizar con arreglo a un criterio exclusivo de eficiencia técnica; sino tender a un proceso modernizador que tienda progresivamente a incrementar el bienestar general…” (Alfonsín, Raúl – Discurso de Parque Norte 1985).
La Unión Cívica Radical ha defendido desde siempre el sistema republicano, representativo y federal e integramos la Convención Nacional que reformó en 1994, la constitución histórica de 1853/1860, estableciendo en su artículo 99 inciso 3) que “El Poder ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable emitir disposiciones de carácter legislativo…” El Poder Ejecutivo impulsó el DNU 70/2023 asumiendo facultades y competencias que el sistema republicano le veda,consciente que la ley 26.122 que reglamenta el funcionamiento de la Comisión Bicameral Permanente, habilita su vigencia sin tener el consentimiento previo del Honorable Congreso de la Nación. Es más: El art. 99 inciso 3) de la Constitución Nacional dispuso que ”Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los tramites ordinarios previstos por esta constitución para la sanciones de las leyes…” y dichas circunstancias excepcionales no se han producido ni se producen y tampoco le está imposibilitado cumplir con el procedimiento parlamentario habida cuenta que el congreso delibera en sesiones ordinarias que el propio presidente habilitó el 1 de Marzo de éste año.
Ustedes tienen por delante una tarea trascendente: Convencer a los miembros del Senado y a los conciudadanos, en el debate parlamentario, las razones que justifican el rechazo de la iniciativa de ley mientras se mantiene vigente un DNU manifiestamente inconstitucional, reafirmando la potestad de control que le asiste al parlamento argentino; los fundamentos que justifican oponerse a todo intento de delegar facultades legislativas en el poder ejecutivo y simultáneamente la importancia de defender nuestra constitución. La desburocratización, que busca liberar fuerzas contenidas por una cultura corporativa, no implica necesariamente privatización en el sentido vulgar de los reclamos de los ultraliberales.
Es preciso que denuncien que las privatizaciones se impulsan con la clara intención de vaciar y destruir empresas del estado, todas las cuales admiten ser saneadas en tanto cumplen un fin social.
Hemos aprendido de las experiencias impulsadas por Carlos Menem, Néstor y Cristina Kichner, Mauricio Macri y Alberto Fernández vinculadas a los DNU y la permanente obsesión por la delegación legislativa, por lo que no cabe insistir con herramientas que distorsionan principios republicanos. No es argumento sostenible decir que “…al Gobierno hay que concederle la emergencia económica como la tuvieron todas las gestiones anteriores…”. La delegación administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año con la posibilidad de prorroga es excesiva y lesiva a los mecanismos de control.
El paquete fiscal moldea un futuro que nos incómoda porque no hay un plan productivo, no se tienen en cuenta las necesidades sociales; repiten los fracasos del pasado, lo agravan reemplazando nuestra jurisdicción por tribunales internacionales.
Los radicales impulsamos la ley de reordenamiento sindical con el ánimo de democratizar sus organismos. Fue precisamente el senado el que nos impidió avanzar en ese sentido. Ahora la ampliación del período de prueba conlleva a una sensible afectación a la estabilidad laboral del trabajador; la quita de la llamada “cuota solidaria” es incomprensible. Sin solidaridad no se construye ninguna sociedad estable y el primer deber que nos impone la ética de la solidaridad es incorporar al trabajo común a todos aquellos que, sin renegar de su historia, se sientan convocados; pensando en primer término en quienes fueron condenados por políticas injustas a la miseria y a la marginalidad
Asistimos a una coyuntura institucional en la que se torna imperioso que la Unión Cívica Radical abandone el ostracismo y adquiera protagonismo. Sus legisladores deben ser ejemplo de independencia y resistencia al embate anarcolibertario, defendiendo los principios de la social democracia. Ya ha terminado en el mundo la era de las convicciones absolutas del siglo pasado; la era de los mesianismos y de los historicismos fáciles. El futuro no está predeterminado.
En la misma se destacan, Federico Storani, Carlos Becerra, Lucia Alberti, Juan Pablo Bailac, Conrado hugo Storani, cristina Guevara, Antonio María Hernández, Sandra Rioboo Juan Manuel Casella, Luis Alberto Caceres, Lorena Matzen, entre otros.
El Dato: Un conflicto de poderes es una herramienta jurídica excepcional contemplada en la Constitución Provincial para dirimir cuándo un órgano del Estado local invade las competencias de otro. Mientras la Corte define si acepta el caso y dicta la suspensión, la ordenanza entra en un limbo legal que marcará el diálogo entre el palacio municipal y el Concejo Deliberante.
