Silvia Blanco, integrante del equipo de legales del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén pasó por Código Abierto en K2 Radio.

Blanco fue a contar cómo se implementa el programa Puerto Participativo que lanzaron desde el ente portuario.

Explicó que esta iniciativa nació “de una idea de la presidencia del Puerto, ante una necesidad que vio Jimena López, de demandas de la comunidad y la idea es llegar con esta iniciativa comunitaria a toda la sociedad, para que las diferentes entidades intermedias y asociaciones que tengan un mínimo de formalidad, puedan participar del programa y que presenten su proyecto”.

Luego señaló que “lo importante es que se busca también que no haya una elección discrecional por parte del Consorcio, sino que la propia comunidad decida en función de los proyectos presentados cuál puede ser beneficiado y subsidiado por este programa”.

El monto disponible para cada una de las de los proyectos elegidos será de hasta 8 millones de pesos, y tendrán, como máximo, una extensión de 12 meses. A su vez el periodo de inscripción cerrará el 25 de julio. Para inscribirse habrá que ingresar en la app de Puerto Participativo o en la página web: puertoparticipativo. puertoquequen.com .

También informó que los objetivos de las propuestas pueden ser educativos, deportivos, culturales, sociales.”Lo que apunta el programa es que sean proyectos que se relacionen con la comunidad y que el beneficio sea para toda la sociedad, especialmente donde la asociación o entidad se desarrolla”, expresó.
El otro dato importante que dio es que este programa no va a subvencionar, ni a subsidiar, demandas que tengan que ser cumplidas por el estado, ya sea nacional, provincial o municipal.
Por último, Silvia informó que mañana miércoles a las 15 se llevará adelante la asamblea en Quequén con las diferentes asociaciones, entidades, cooperadoras. Será en el club Ministerio. Y adelantó que seguramente los próximos días se llevará a cabo una instancia similar en nuestra ciudad y también en otra localidad del interior del distrito.

Tras la recorrida por las Comisarias de Necochea y Quequén para verificar el estado edilicio y de salubridad de los calabozos que efectuaron concejales junto a personal de la Justicia local,

Las edilas Rosario Roldán de la ACT y Rocío Mateo de Unión por la Patria (también participator de la vista Evangelina Almada y Bernardo Amilcar) expresaron su preocupación por el estado edilicio de las dependencias policiales. El encuentro, impulsado por la jueza Aída Lhez, se basó en una modificación del acuerdo 3415 sobre visitas institucionales a personas privadas de libertad.

Rosario Roldán explicó que la invitación de la jueza Aida Lhez surgió a partir de la reciente modificación en la normativa que rige las visitas a los centros de detención, con el objetivo de conocer en profundidad la situación en las comisarías locales.

Por su parte, Rocío Mateo detalló el panorama encontrado en cada dependencia. “Principalmente vimos la parte edilicia en que se encuentran los calabozos donde se alojan los privados de su libertad”, indicó.

Comisaría por Comisaría: Un Diagnóstico Preocupante
Comisaría Tercera (La Playa): Los calabozos se encuentran “directamente inhabilitados por el hecho de que están en malas condiciones”. Según lo comentado por el comisario, hace dos años que no pueden alojar detenidos en esa dependencia.

Comisaría Segunda (Quequén): “Esa es una comisaría donde estaba en una situación bastante crítica el edificio principal”, sostuvo Mateo. Agregó que los calabozos se encuentran de una “manera muy precaria”. Las concejalas dialogaron con distintos detenidos, quienes les contaron sobre sus condiciones, aunque reconocieron que cuentan con el acompañamiento de sus familias y reciben las viandas provistas por el Estado provincial. No obstante, la infraestructura edilicia es “muy precaria”.

Comisaría Primera (En el Centro): Si bien en esta dependencia las condiciones están “un poquito mejores”, las concejalas también se encontraron con “situaciones de mucha precariedad edilicia”.

Frente a este panorama, Rocío Mateo adelantó que “se van a elevar distintos reclamos por parte de la justicia para que puedan mejorarse las condiciones en las que se encuentran” estos espacios.

Posible Instrumento Legislativo en el Concejo Deliberante
Consultada sobre si el Concejo Deliberante acompañará el pedido judicial con alguna medida legislativa, Roldán indicó que aún no se ha conversado en concreto sobre ello. Sin embargo, sugirió que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Evangelina Armada, “va a llamar a una comisión para comentar esto y ver si sacamos un instrumento, haciendo, puede ser, apoyo a la justicia en este pedido”.

La situación de las comisarías, con superpoblación y falencias edilicias, se suma a la ya compleja problemática carcelaria provincial y genera un llamado de atención urgente sobre las condiciones de detención en el distrito.

La jueza de Garantías Aida Lhez dialogó con Código Abierto en K2 Radio.

Allí se refirió a la baja de imputabilidad, a cómo se lleva adelante el proceso para dictar una orden de allanamiento y contó que participó de una reunión por la seguridad con vecinos en Quequén.

Sobre el tema de la baja de punibilidad para los adolescentes, consideró que no va a tener los resultados que se pretenden, porque se dice que las solución es bajar la edad y si uno analiza las estadísticas, los delitos cometidos por menores no son tantos, puede haber casos muy graves, pero lo cierto es que son los menos” y fue tajante al afirmar que “estoy absolutamente en contra de la baja de la punibilidad, porque lo que uno ve, es que los adultos que terminan en una unidad penal fueron chicos con derechos vulnerados” .

A raíz de esto explicó que “debemos tomar conciencia como sociedad que si los chicos no tienen comida, nadie los cuida, Hay muchísimo consumo, esa criatura no va a ser una persona que va a respetar las normas, o al otro” para después expresar “¿y quién es el garante de que estos niños tengan cubiertos sus derechos y su cuidado?, el estado. Por eso a mí me genera mucha indignación que el propio estado está incumpliendo todo lo que tiene que ver con su obligación para con las personas menores de edad, hoy pida penalizarlo”.
Siguiendo con este tema, la Jueza fue más allá cuándo se preguntó y ¿penarlos, cómo? porque hoy el estado argentino no tiene las condiciones para tener personas privadas de su libertad, salvo en casos excepcionales porque no hay lugar, ni las condiciones son ni las mínimas indispensables para alojar a una persona”.

También dejó en claro la importancia de un entorno familiar cuando manifestó que “en un menor si no se trabaja con la familia es casi imposible sacarlo adelante, porque no es una persona capaz de cuidarse y dirigir sus acciones, por eso son menores y por eso tiene una protección especial”.

Para terminar informó que “los chicos van presos en casos graves” y recordó que el fin de la pena siempre es la resocialización y “esto no estaría funcionando”, indicó.