La secretaria de Organización de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) a nivel nacional, Natalia Sánchez Jauregui advirtió sobre la pérdida de derechos de los trabajadores temporarios tras la modificación del período de prueba a ocho meses. Además, defendió la educación pública y los cursos gratuitos, y reveló los planes para el hotel de la UATRE y el complejo termal.
LA dirigente trazó un duro panorama sobre el impacto de la reforma laboral en el campo, la crisis del sistema de salud sindical y los proyectos de infraestructura pendientes para Necochea y Quequén.
📋 Principales definiciones de la UATRE
| Temática Central | Diagnóstico y Postura de la Dirigencia |
| Reforma Laboral | El período de prueba para peones rurales pasó a 8 meses, perjudicando las tareas temporarias y de cosecha. |
| Paritarias Trabadas | Al quitarle funciones de arbitraje a la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, las discusiones salariales acumulan constantes cuartos de intermedio. |
| Crisis en Avícolas | Advirtió que en la provincia de Buenos Aires hay más de 4.000 trabajadores en crisis y cobrando en cuotas por la importación de pollos desde Brasil. |
| Obras Sociales | Calificó el sistema de salud sindical en crisis debido a que los costos médicos superan ampliamente los aportes familiares por cápita. |
Formación laboral con perfil rural
Sánchez Jauregui destacó la importancia de los Centros de Formación Laboral, señalando que la UATRE gestiona uno de los más grandes de la provincia en Necochea, junto a otro en la localidad de Ramón Santamarina (Rojo). “Buscamos dar un fuerte apoyo a la educación pública y que los cursos sean gratuitos, con salidas laborales direccionadas a la ruralidad de cada distrito”, explicó.
Pérdida de derechos y el avance del “individualismo”
La referente, quien también integra el Consejo Directivo de la CGT, expresó su honda preocupación por la coyuntura política y económica nacional:
- Licuación del salario: Si bien el sueldo rural logró despegarse del salario mínimo vital y móvil, afirmó que “igualmente hoy a ningún trabajador le alcanza para cubrir la canasta básica”.
- Nuevas formas de precarización: Cuestionó los modelos de plataformas (como Uber o delivery), señalando que se vende una falsa idea de “libertad” a trabajadores que en realidad carecen de ART, aportes o respaldo ante un accidente.
- Vía Judicial: Sostuvo que, frente a las inconstitucionalidades detectadas en las nuevas normativas federales, el movimiento obrero ha tenido que recurrir a los resortes de la justicia.
La situación local: Seccional UATRE, Termas y el Hotel de la Villa
Consultada sobre la realidad de la conducción de la UATRE en Necochea —la cual se encuentra judicializada—, Sánchez Jauregui fue tajante al señalar la necesidad de respetar la orgánica del gremio nacional conducido por José Voytenco. “La UATRE es mucho más amplia que una bolsa de trabajo; abarca a los compañeros de los campos, las avícolas, las chancherías y la horticultura”, remarcó.
Asimismo, brindó precisiones sobre los activos patrimoniales del sindicato en la ciudad:
- Médano Blanco (Complejo Termal): Confirmó que se terminaron las obras de los departamentos internos. Esto permitirá completar el circuito turístico de spa ofreciendo alojamiento dentro del predio, ideal para romper la estacionalidad fuera de la temporada de playa.
- El Hotel de 79 y 4: Reveló que el anhelo del gremio es reactivar el proyecto de ley para que el histórico e inconcluso inmueble sea transferido a la Provincia de Buenos Aires con el fin de crear una universidad pública.
📍 El Dato: La exlegisladora elogió la actual conducción de Mariano Carrillo en el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén. Aseguró que la articulación público-privada del puerto está permitiendo avanzar en proyectos históricos que antes “eran letra muerta”, tales como la recomposición de la Avenida Almirante Brown, la contención de la erosión costera y las mejoras en las rutas de la región.
El Dato: Un conflicto de poderes es una herramienta jurídica excepcional contemplada en la Constitución Provincial para dirimir cuándo un órgano del Estado local invade las competencias de otro. Mientras la Corte define si acepta el caso y dicta la suspensión, la ordenanza entra en un limbo legal que marcará el diálogo entre el palacio municipal y el Concejo Deliberante.
