Cada 12 de junio, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil nos invita a reflexionar sobre una realidad que sigue afectando a millones de niños y niñas en todo el mundo y que, lamentablemente, también forma parte de la realidad argentina.
Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y UNICEF, 138 millones de niños y niñas se encuentran en situación de trabajo infantil y 54 millones realizan tareas peligrosas que ponen en riesgo su salud, su seguridad y su desarrollo. La agricultura continúa siendo el sector donde se concentra la mayor cantidad de casos, representando aproximadamente el 61% del total.
Estas cifras adquieren una dimensión especial cuando observamos lo que ocurre en las zonas rurales. Allí, el trabajo infantil muchas veces permanece invisibilizado, naturalizado bajo la idea de la “ayuda familiar” o escondido detrás de profundas desigualdades sociales que limitan las oportunidades de niños, niñas y adolescentes.
En nuestro país, las mediciones de la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA) muestran que el trabajo infantil tiene una incidencia significativamente mayor en las áreas rurales que en las urbanas. Esta realidad nos obliga a mirar con atención la situación de la Argentina profunda, aquella que muchas veces queda fuera de los grandes debates nacionales.
No existe una única Argentina. Existen múltiples realidades que conviven en un mismo territorio y que muestran profundas desigualdades en el acceso a derechos básicos. Un reciente informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina reveló que los mayores niveles de vulnerabilidad socioeconómica se concentran en provincias del NOA y del NEA, especialmente en las zonas rurales, donde miles de familias enfrentan dificultades para acceder al agua potable, a una vivienda digna, a servicios básicos, a la conectividad, a la educación y a la salud.
El estudio muestra que los hogares más vulnerables del país son precisamente aquellos donde viven niños y niñas. Allí, la pobreza no se expresa únicamente en la falta de ingresos, sino también en el hacinamiento, en las dificultades para asistir a la escuela, en el empleo precario y en la ausencia de condiciones básicas para el desarrollo integral de las familias.
Detrás de cada estadística hay historias concretas. Hay trabajadores y trabajadoras rurales que todos los días sostienen las economías regionales y producen los alimentos que llegan a nuestras mesas. Hay familias que enfrentan enormes desafíos para garantizar el bienestar de sus hijos e hijas. Y hay niños que ven condicionadas sus oportunidades por situaciones que no eligieron.
Por eso el trabajo infantil no puede analizarse como un fenómeno aislado. Es, en gran medida, la consecuencia de una realidad social marcada por la pobreza, la desigualdad, la informalidad laboral, la falta de oportunidades, el déficit habitacional, la ausencia de espacios de cuidado y las dificultades de acceso al transporte, la educación y la conectividad.
Cuando una familia pierde estabilidad económica, los primeros derechos que quedan expuestos suelen ser los de sus hijos e hijas.
En este contexto, resulta imposible ignorar las discusiones actuales sobre el mundo del trabajo. La pérdida de derechos laborales, la precarización del empleo y el debilitamiento de las herramientas de protección social no afectan únicamente a los trabajadores. También impactan directamente en las posibilidades de desarrollo de niños, niñas y adolescentes.
Cada derecho laboral que se pierde en el mundo adulto repercute en la vida de un niño o una niña.
La incertidumbre económica, la falta de ingresos suficientes y la fragilidad laboral generan condiciones que aumentan la vulnerabilidad de las familias y profundizan las desigualdades. Por eso sostenemos que no hay política efectiva de erradicación del trabajo infantil sin trabajo digno para los adultos. La mejor herramienta para prevenir esta problemática sigue siendo una familia con empleo registrado, salarios dignos, acceso a derechos y perspectivas de futuro.
Pero tampoco habrá soluciones duraderas si no existe una mirada federal capaz de comprender las particularidades de cada territorio. Las desigualdades que atraviesan las comunidades rurales requieren políticas públicas específicas y sostenidas en el tiempo. No alcanza con diagnósticos generales cuando la realidad cotidiana muestra escuelas alejadas, dificultades para acceder al transporte escolar, falta de espacios de cuidado, problemas de infraestructura y escasas oportunidades para las nuevas generaciones.
Por eso es fundamental fortalecer las escuelas rurales, garantizar el transporte escolar, ampliar los espacios de cuidado para hijos e hijas de trabajadores rurales, mejorar el acceso a la vivienda, a la salud, al agua potable y a la conectividad. También resulta indispensable promover políticas de desarrollo local que permitan generar oportunidades reales para las familias.
Desde UATRE conocemos esta realidad porque recorremos permanentemente cada provincia argentina. El contacto cotidiano con las delegaciones, con los trabajadores y trabajadoras rurales y con sus familias nos permite conocer de primera mano las necesidades, las dificultades y también las enormes potencialidades que existen en cada región del país.
Bajo la conducción de nuestro secretario general, José Voytenco, el gremio impulsa una mirada profundamente federal e inclusiva, convencido de que las oportunidades deben llegar a cada rincón de la Argentina. Esa visión se expresa en acciones concretas destinadas a fortalecer los derechos de los trabajadores rurales, promover la capacitación y generar herramientas que contribuyan al desarrollo integral de las familias.
Los Centros de Formación Profesional impulsados por UATRE constituyen una herramienta estratégica en ese camino. Allí, miles de trabajadores, trabajadoras y jóvenes acceden a capacitación, formación en oficios y nuevas oportunidades de inserción laboral. Porque la inclusión social también se construye a través de la educación, el conocimiento y el trabajo digno.
La erradicación del trabajo infantil exige el compromiso conjunto del Estado, los empleadores, las organizaciones sindicales y la sociedad en su conjunto. Requiere políticas públicas activas, presencia territorial y una decisión firme de colocar a la infancia en el centro de las prioridades.
La infancia no puede ser la variable de ajuste.
Combatir el trabajo infantil exige mucho más que prohibiciones: requiere trabajo registrado, salarios dignos, educación, salud, cuidados y políticas públicas sostenidas. También exige una mirada federal que reconozca las profundas desigualdades que aún atraviesan nuestro país.
Porque no hay infancia protegida sin familias protegidas. Y no hay familias protegidas sin trabajo con derechos, formación, inclusión y desarrollo federal.
* Secretaria de Organización de UATRE y co-secretaria de la Secretaría de Protección a la Niñez de la CGT.
