La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires de intervenir en el conflicto de poderes planteado por la Municipalidad de Necochea sigue generando repercusiones políticas e institucionales.
En diálogo con Horacio Castelli por Radio Noticias Necochea 97.3, el secretario de Legal y Técnica del municipio, Ernesto Povilaitis, sostuvo que la controversia actual era un escenario que el Departamento Ejecutivo había anticipado cuando el intendente Arturo Rojas vetó la ordenanza impulsada por la mayoría del Concejo Deliberante.
“El conflicto de poderes fue advertido en el veto y hoy el Concejo deberá dar explicaciones jurídicas, no políticas”, afirmó el funcionario.
El origen del conflicto con el Concejo
Respecto del conflicto que actualmente analiza la Suprema Corte bonaerense, Povilaitis explicó que la controversia se originó a partir de una ordenanza que ampliaba beneficios para excombatientes de Malvinas.
Recordó que la gestión de Arturo Rojas ya eximió a los veteranos del pago de todas las tasas urbanas y también de los derechos de construcción.
Sin embargo, señaló que el Concejo avanzó posteriormente con nuevas exenciones vinculadas al estacionamiento medido y a las licencias de conducir.
“Más allá de la finalidad loable que tuvo la ordenanza, lo cierto es que el Concejo no puede ni eximir ni alterar el presupuesto municipal en lo más mínimo. Eso está expresamente previsto en la ley”, afirmó.
El funcionario sostuvo que cualquier modificación tributaria o presupuestaria debe originarse en el Departamento Ejecutivo.
“Si no se hace a instancia del Ejecutivo, es absolutamente ilegal”, aseguró.
“La Corte entendió que existe un conflicto de poderes”
Povilaitis recordó que al momento del veto se explicó detalladamente a los concejales por qué la ordenanza resultaba incompatible con la normativa vigente y se advirtió que, en caso de insistir con la sanción, el municipio acudiría a la Suprema Corte.
“Se les hizo saber que si continuaban con esas ilegalidades se iba a recurrir a la Suprema Corte de Justicia, y así fue”, explicó.
Según indicó, el máximo tribunal provincial ya dio un primer paso significativo al admitir el planteo presentado por la Municipalidad.
“La Corte entendió que se encuentra configurado un conflicto de poderes y decidió correr traslado al Concejo Deliberante para que explique su proceder en un término de cinco días”, señaló.
Además, destacó una diferencia sustancial entre el debate político y la instancia judicial.
“La respuesta que tiene que dar el Concejo ahora es jurídica y no política”, enfatizó.
Críticas a proyectos que afectan recursos municipales
Durante la entrevista, Povilaitis cuestionó iniciativas impulsadas desde algunos bloques opositores que, según su visión, avanzan sobre recursos municipales sin considerar el contexto económico actual.
“Muchas de estas propuestas resultan absolutamente demagógicas”, afirmó.
