El Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Necochea formalizó este pasado viernes 15 de mayo la presentación de un conflicto de poderes ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, apuntando de manera directa contra el Concejo Deliberante de Necochea.
El intendente Arturo Rojas solicitó al máximo tribunal provincial que declare la nulidad e inconstitucionalidad de una ordenanza que otorga beneficios tributarios a veteranos de Malvinas.
El origen de la controversia
La disputa gira en torno al contenido de una normativa aprobada por el cuerpo legislativo que establece nuevos beneficios fiscales para los veteranos de la Guerra de Malvinas, sus viudas y derechohabientes.
Específicamente, la ordenanza cuestionada introduce modificaciones a la Ordenanza Fiscal e Impositiva vigente (OFI) para implementar las siguientes exenciones:
-Exención del pago de Derechos de Oficina para los trámites de las licencias de conducir.
-Exención en el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM).
-Exención del impuesto a la patente de rodados para excombatientes, viudas y derechohabientes.
Asimismo, en su artículo 4º, la norma fija de manera taxativa que estas medidas de alivio fiscal deberán ser contempladas de forma obligatoria en el diseño de la Ordenanza Fiscal e Impositiva del próximo año 2027.
Los argumentos del Ejecutivo
El escrito elevado a la Suprema Corte lleva la firma del intendente Rojas y el respaldo técnico del área Legal y Técnica, conducida por el Dr. Ernesto Povilaitis. Desde el Ejecutivo argumentan que el Concejo Deliberante se habría extralimitado en sus funciones al modificar la estructura de ingresos municipales e imponer pautas tributarias para ejercicios futuros (como el de 2027) sin la debida articulación o iniciativa del Gobierno local, afectando las facultades de administración financiera propias del intendente.
Por este motivo, además de exigir que se evalúe el fondo de la cuestión y se dicte la inconstitucionalidad de la norma, la comuna solicitó una medida cautelar urgente para frenar la aplicación de los beneficios mientras los ministros de la Corte bonaerense analizan el caso.
El Dato: Un conflicto de poderes es una herramienta jurídica excepcional contemplada en la Constitución Provincial para dirimir cuándo un órgano del Estado local invade las competencias de otro. Mientras la Corte define si acepta el caso y dicta la suspensión, la ordenanza entra en un limbo legal que marcará el diálogo entre el palacio municipal y el Concejo Deliberante.
