El largo historial de siniestros de la explotación petrolera en el mar, con ejemplos en todo el planeta, nos indica que no hay posibilidad de explotación sin derrames, pérdidas de fluidos y colisiones, además de incendios imparables que destruyen irreparablemente el ecosistema en amplísimas zonas, incluso de áreas antes turísticas, de industria pesquera o de migración de especies.
A pesar de lo mencionado, el gobierno de Argentina no parece importarse con la posibilidad de que esos daños nos afecten a todos los ciudadanos. La más reciente demostración de esto surgió en el último día de 2021. El gobierno ha aprovechado la fecha festiva, cuando los trabajadores descansan, para mentir y traicionar a la Ciudadanía, promoviendo una maniobra que abre camino a la contaminación del mar y el agravamiento de la crisis climática global.
La traición se manifiesta en la resolución 436/21 del Ministerio de Ambiente, emitida justo en el último día del año pasado. Contraviniendo toda la lógica, la resolución delegó en la Secretaría de Energía, por medio del decreto 870/21, la facultad de otorgar, controlar o rechazar los permisos de exploración y explotación a las compañías solicitantes. Esto es un problema porque la Secretaría de Energía es impulsora de esos emprendimientos exploratorios, quedándose de los dos lados del escritorio y garantizando la viabilidad de los proyectos.
Pocos meses antes, en Audiencia Pública realizada por el propio ministerio, más de 50 organizaciones, asambleas, especialistas y ciudadanos expusieron unánimemente sus argumentos por la negativa a la explotación offshore en el mar Argentino. Como si esto no fuera suficiente, la resolución otorgada el 31 de diciembre contradice obscenamente los dichos del Presidente en foros internacionales, en los que manifestó los compromisos del gobierno en materia ambiental, inclusive comprometer el canje de deuda ligado a políticas ambientales avanzadas.
Además, este fraude del Gobierno argentino, incumple flagrantemente varios aspectos de la legislación, a saber: el criterio precautorio, que en su Artículo 4 consagra la Ley General del Ambiente, no solo ya por la incertidumbre de daños por producirse, sino por la certeza que se producirán, con carácter irreversible.
Por en cima, el acuerdo de Escazú, recientemente ratificado por unanimidad por el Congreso Nacional, también ha sido soslayado de manera grosera, una vez que el gobierno ha ignorado las masivas manifestaciones de la sociedad contra la exploración petrolera.
Si para la Argentina el anuncio del gobierno es un desastre, para las compañías petroleras nacionales y multinacionales suena como música. La noruega Equinor y la británica Shell, además de la argentina YPF, son quienes, a pesar de los argumentos unánimes de organizaciones, asambleas, especialistas y ciudadanos, han doblegado a un Ministro de Ambiente y a un Gobierno sin rumbo. Han logrado una habilitación que no tiene licencia social, para una actividad de la que no hay dudas de los estragos que producirá, impactando en la calidad de vida de millones de argentinos.
Es lamentable que los países de origen de Equinor y Shell sean los que, con una obscena hipocresía, pregonen la conciencia ambiental en los foros globales, como han hecho en la COP26, pero «olvídense» de incluir al Sur global en sus medidas de transición.
El mar argentino es fuente de riqueza y facilitador de hábitats por miles de quilómetros de costas y ya sufre la depredación de su fauna con la pesca furtiva por la inacción del gobierno. Ahora, por acción irresponsable, cuando no criminal, de habilitar la exploración y explotación de hidrocarburos en nuestra plataforma marítima, estamos cerca de abrir las puertas a la destrucción de riquezas esenciales a millones de argentinos. El principal activo de la humanidad es su hábitat, y el gobierno argentino contraría, con esta decisión, a la voluntad del pueblo.
Es obligación ética y de vida explicitar la mentira y el fraude contra la Nación, practicados por gobiernos con políticas sustentablemente ausentes. Para el revés de las petroleras, el movimiento ambiental seguirá exigiendo el respeto a las manifestaciones de la sociedad, al ambiente y a las familias más vulnerables.
