El próximo martes, a las 11, dará inició el juicio por la muerte de Germán Apella. El único acusado es Marcos Aprea de 33 años, a quien se lo juzgará por el delito de “homicidio culposo agravado” .
Vale recordar que en la madrugada del 20 de junio de 2024, un automóvil marca Honda modelo Civic, conducido por Aprea, quien lo había bajo los efectos del alcohol atropelló a Apella cuando éste caminaba por la avenida 42, entre 95 y 97.
El inicio del debate está previsto con la apertura y la primera ronda de testigos.
Luego la segunda audiencia será el miércoles 12 en donde continuarán declarando diferentes testigos que aporten tanto los abogados de Marcos Aprea, como de Germán Apella y la fiscalía.
La tercera jornada del juicio continuará el 19 de agosto.
Este delito prevé una pena de 3 a 6 años de prisión. Aprea se encuentra cumpliendo una prisión preventiva que dictó el juzgado de Garantías.
Marta Iriberri presidente de la Cooperadora del hospital Emilio Ferreyra pasó por código abierto en K2 Radio.
Allí se refirió a la inversión que se llevó adelante en la guardia del citado centro asistencial.
Iriberri contó que “desde el 25 de marzo comenzamos con los trabajos en el sector de la guardia general. Ahí se puso en valor la aparatología, nuevas camas, llevamos adelante una inversión de más de 66 millones de pesos”.
Ahora la guardia de adultos está con ocho camas eléctricas. “Compramos las mejores”, dijo MArta y explicó que “sumamos colchones, cinco bombas de infusión, tres monitores multiparamétricos, un electrocardiógrafo, un ecógrafo portátil, lavachatas, luminarias, cajoneras, también renovamos las griferías y las mesas, además cambiamos la puerta de entrada y pusimos una cerradura eléctrica”.
Además esta semana, el lunes 3 de agosto se inició la colocación del piso de porcelanato en el sector de cirugías, cuando terminen esa tarea se presentará el tercer quirófano habilitado y con aparatología nueva en esta área del hospital.
Por último adelantó que tienen previsto trabajar en el sector 4 de internación y adelantó que en el mes de octubre dicha Cooperadora cumplirá 60 años, lo que celebrarán con una cena.
Finalizó pidiendo que se sumen nuevos socios a la Cooperadora, la cuota mensual de sólo $5000. Quien desee asociarse debe comunicarse al 15514177.
Tras la puesta en marcha de la normativa aprobada en 2024 que prohíbe el giro a la izquierda en las avenidas de Necochea y Quequén, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un proyecto impulsado por el bloque Fuerza Patria para exigir al Departamento Ejecutivo el mantenimiento constante de las calles de tierra alternativas que absorben ese caudal de tránsito.
En diálogo con la prensa, la concejal Evangelina Almada brindó detalles sobre los fundamentos de la propuesta y celebró el acompañamiento de todas las bancadas en el recinto.
Almada explicó que la aplicación de la prohibición obliga a los automovilistas a desviar su recorrido habitual por calles no pavimentadas, lo que aceleró el deterioro de las calzadas barriales:
“Para poder retomar el camino habitual, los vehículos obligadamente tienen que doblar a la derecha y hacer todo el rulo a la manzana utilizando calles de tierra. Muchos vecinos nos acercaron su inquietud; no es que no quieran cumplir con la norma, sino que manifiestan el mal estado en el que se encuentran las arterias por las que ahora deben transitar”, señaló la edil.
En ese sentido, remarcó que las inclemencias climáticas agravan el panorama: “Al aumentar el flujo vehicular, el deterioro es mucho mayor, sumado a que estamos en una época de lluvias. Por eso la iniciativa pide que se consideren esas calles laterales como de alto tránsito y se realice un mantenimiento y arreglo por lo menos de manera mensual”.
La iniciativa aprobada no se limita únicamente a las inmediaciones de las avenidas, sino que extiende la exigencia de prioridad de maquinarias a zonas sensibles de la comunidad:
Respecto al tratamiento en el recinto, la concejal valoró el consenso alcanzado entre las distintas fuerzas políticas y renovó el pedido hacia las áreas operativas de la comuna.
“La votación fue por unanimidad, así que lo vemos con muy buenos ojos. Espero que el Ejecutivo pueda poner esto en valor y ponerlo en práctica para que el tránsito en esas calles sea realmente como corresponde y los vecinos tengan una mayor calidad de circulación”, concluyó.
Tras el desarrollo de una nueva sesión ordinaria en el Concejo Deliberante, el bloque de la Agrupación Comunal Transformadora (ACT) logró el respaldo unánime del cuerpo para avanzar en la formación y toma de conciencia sobre discapacidad en el ámbito de la administración pública municipal.
En diálogo con la prensa, la concejal Betiana Pustilnik brindó detalles sobre las iniciativas aprobadas y remarcó la urgencia de traducir los marcos normativos en acciones concretas que impacten en la atención a los vecinos.
Pustilnik recordó que si bien a principios de año el distrito dio un primer paso institucional, era indispensable activar los mecanismos formales para garantizar las capacitaciones a los trabajadores comunales:
“Queremos impulsar por fin esta capacitación obligatoria en materia de discapacidad para que se pueda implementar, porque si no queda solo en palabras o en deseos. Si bien en marzo se aprobó la adhesión a la ley provincial, no es suficiente con adherir: hay que implementarla”, enfatizó la edil vecinalista.
En esa línea, subrayó la importancia de articular con el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP): “Más allá de otras actividades que se puedan generar en el marco del Consejo Municipal de Discapacidad o en otros organismos, es fundamental la formación técnica y creo que esta vinculación con el IPAP va a ser la clave para su concreción”.
La concejal valoró el acompañamiento de todas las bancadas políticas en el recinto para aprobar tanto la resolución de impulso como una minuta de comunicación que exige datos precisos al Departamento Ejecutivo sobre el estado de las gestiones.
En diálogo con la prensa, la edil dejó en claro que la demanda atraviesa a distintas gestiones políticas y que requiere una evaluación técnica rigurosa dado el nivel de inversión que demanda una arteria de esa magnitud.
Almada recordó la reciente visita a la ciudad del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos provincial, Gabriel Katopodis, y las gestiones iniciadas para analizar la factibilidad de la obra:
“Es un pedido que se viene solicitando hace muchísimos años, no solo a esta gestión sino a gobernadores anteriores. Sinceramente es una obra que vale muchísimo dinero en un contexto económico que es muy difícil. Cuando estuvo el Ministro se comprometió a hacer el estudio para evaluar el tema de los costos y cómo sería la obra, para ver si en un futuro se puede concretar”, explicó la concejal.
Pese a los condicionantes financieros actuales, mostró prudencia sobre los plazos: “Hoy por hoy, con los valores que hay, estamos complicados para poder hacerla, pero vemos con muy buenos ojos que se empiece a estudiar el tema y ojalá que algún día pueda ser una realidad”.
Al evaluar el impacto que tendría la autovía para Necochea y la región, la representante del bloque oficialista destacó que la arteria cumple un rol social y económico neurálgico que excede los límites locales.
Organizaciones sociales y vecinos convocan a una movilización este jueves 6 de agosto a las 17 horas, frente a la Municipalidad de Necochea, bajo la consigna “Defendamos nuestra tierra contra la extranjerización”. La actividad incluye la propuesta de llevar una remera para estampar, como símbolo de participación y compromiso colectivo.
Formando parte de la iniciativa, desde la organización “Un Mar sin petroleras”, charlaron en K2 Radio con Juliana Orihuela.
La protesta busca visibilizar la preocupación por el avance de la extranjerización de tierras en Argentina, un fenómeno que ha generado debates en torno a la soberanía alimentaria, el acceso a los recursos naturales y el impacto en las comunidades locales.
En este marco, los organizadores remarcan la necesidad de fortalecer la defensa de los bienes comunes y de exigir políticas públicas que garanticen el uso social y productivo de la tierra, evitando la concentración en manos de grandes grupos económicos o extranjeros.
a Ley de Tierras
La convocatoria se vincula directamente con la Ley 26.737 de Tierras Rurales, sancionada en 2011, que establece límites a la compra de tierras por parte de extranjeros. La norma fija un máximo del 15% de tierras rurales en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras, y restringe la adquisición en zonas de seguridad fronteriza o con recursos estratégicos.
El Gobierno nacional logró un principio de acuerdo con los bloques dialoguistas del Senado para tratar este jueves un proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que plantea cambios en la Ley de Tierras. La propuesta original elimina prácticamente todas las restricciones para que extranjeros pudieran adquirir tierras rurales en la Argentina.
