Mónica Bouyssede, referente de la Asociación Marcenac de la Red de Argentina para el desarme pasó por Código Abierto en K2 Radio.
Allí se refirió a las últimas situaciones de violencia en las escuelas, como también a la flexibilización que ha dado el gobierno nacional para la portación de armas.
Mónica explicó que “la realidad pone en agenda estos problemas de una sociedad que no queremos ver” y afirmó que “estos hechos vinculados a la violencia con armas en los jóvenes, ha generado una profunda preocupación, miedo social y cierta incapacidad para responder institucionalmente a estas problemáticas”.
Luego señaló que “creo que el problema que emergió, con estos hechos que se viralizaron, referidos a armas de fuego, (también en nuestra ciudad) pone en evidencia que puedan terminar en tragedia”. y tener en claro que “en el mundo adulto hay cuestiones de los jóvenes, como malestares, angustias, que desconocemos”.
Desde su punto de vista esto tiene un origen en “una cultura de base violenta, que en realidad justifica y reproduce situaciones de violencia, lo que sostiene la emergencia de estas manifestaciones”.
A raíz de esto se preguntó “qué le estamos ofreciendo a estos jóvenes como sociedad, qué respuesta le damos desde el mundo adulto, porque los mensajes van vinculados a la corrupción, a la impunidad, al destrato entre las personas, al individualismo, lo que le muestra a los jóvenes una sociedad en la que no dan ganas de vivir, dónde hay precariedad laboral, fragilidad en los lazos, debilitamiento de las instituciones”.
Por último se refirió a los mensajes violentos que bajan desde las sociedad, de las autoridades, por eso explicó que “desde la Red Argentina del Desarme” condenamos este estilo en la forma de comunicación, que es violento, de defenestrar al otro, la incapacidad para realizar un diálogo democrático no sólo de quienes nos gobiernan sino también desde el poder legislativo y desde el gobierno político que justifica y estimula la adhesión a las armas de fuego, lo que pone en evidencia los errores que ha cometido el actual gobierno respecto a las políticas de armas de fuego, que han servido para estimularlas su uso”.
La escalada de violencia en las escuelas secundarias de Necochea —que incluyó peleas grabadas y amenazas— motivó un firme posicionamiento de SUTEBA. Las dirigentes locales Silvina Furgat y Ana Inés Larrañaga señalaron que lo que ocurre en los edificios escolares es el reflejo de un clima de “violencia institucional” nacional que impacta directamente en los jóvenes, el eslabón más vulnerable.
| Punto Crítico | Postura Gremial |
| Rol de la Escuela | Es el lugar donde las problemáticas sociales se visibilizan, pero no donde se originan. |
| Justicia y Ciberdelito | Las amenazas son delitos. Piden que la justicia actúe de oficio sobre las cuentas que promueven peleas. |
| Viralización | Critican la difusión de videos donde se ve a menores y a docentes poniendo el cuerpo para separar. |
| Articulación | Exigen mesas intersectoriales entre Educación, Salud, Justicia y Seguridad. |
Furgat subrayó que la complejidad de estas situaciones requiere un abordaje integral. En ese sentido, confirmó que este miércoles se llevará a cabo una reunión intersectorial convocada por la Jefatura Distrital de Necochea, donde participarán representantes de los trabajadores y otros sectores de la ciudad. “La escuela sola no puede, salud sola no puede y la justicia sola tampoco. Necesitamos políticas públicas que acompañen”, sentenció. A su vez indicaron que si hay amenazas la que debe actuar es la justicia, para ver si se esta cometiendo un delito. También solicitaron que la justicia actúe de oficio sobre las cuentas que promueven peleas.
Uno de los puntos más álgidos de la entrevista fue el pedido de responsabilidad a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general respecto a los videos de riñas estudiantiles.
“Nos parece terrible entrar a las redes y encontrar videos dentro de una escuela donde se ve a compañeros trabajadores intentando resolver la situación. Mostrar eso no es informar, es vulnerar los derechos de los niños y de los trabajadores”, explicó Larrañaga. Las dirigentes instaron a la población a denunciar las publicaciones en redes sociales en lugar de compartirlas, apelando a una ética del cuidado de los menores.
Para las referentes sindicales, el fenómeno no es local ni casual. “Vivimos hoy en un Estado con una violencia institucional impresionante desde las autoridades nacionales, y eso inevitablemente explota en la escuela”, analizaron. Frente a esto, reivindicaron las jornadas de reflexión que se desarrollaron este lunes en toda la provincia, donde familias y alumnos se sentaron a debatir acuerdos de convivencia.
El documento, fechado el 20 de abril en Quequén, lleva las firmas de A.T.C.A.D.E., SUPA, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros Quequén-Necochea y UATRE Seccional 10, y expresa una “profunda preocupación” por la falta de soluciones y de canales de diálogo frente a un conflicto que impacta en la cadena agroexportadora y en la comunidad.
Según señalaron, la medida de fuerza tiene alcance regional y se originó en el aumento de costos, especialmente por la suba del precio del gasoil, junto con la falta de actualización de las tarifas.
“Esto hace que se trabaje a pérdida, siendo inviable la operatoria de los camiones, lo que pone en riesgo toda la cadena productiva”, indicaron.
En ese sentido, afirmaron que en un primer momento existieron propuestas para recomponer tarifas, pero que luego las cámaras empresariales retiraron su ofrecimiento, lo que agravó el conflicto y llevó la negociación a un punto inicial.
“No existe ningún tipo de piquete o corte en las rutas como se ha divulgado equivocadamente en algún medio”, sostuvieron.
Asimismo, exhortaron a las partes involucradas a arbitrar los medios necesarios para resolver la problemática e instaron a las autoridades nacionales, provinciales y municipales a intervenir como mediadores o garantes de la paz social.
Finalmente, las organizaciones remarcaron que el conflicto pone en juego el trabajo de miles de familias y plantearon la necesidad de alcanzar una salida equitativa que contemple el conjunto de los sectores involucrados.
Fuente y Foto de NDEN
La jornada de este martes se ve marcada por un fuerte cese de actividades en las dependencias públicas de Necochea. El paro nacional convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) tiene un correlato directo en el distrito, con un impacto sensible en el sistema educativo y en la atención de oficinas nacionales y provinciales.
| Punto | Detalle del Reclamo |
| Salarial | Urgente recomposición y reapertura de paritarias. |
| Estabilidad | Pase a planta permanente de trabajadores precarizados. |
| Laboral | Reincorporación de trabajadores despedidos en el sector público. |
| Alcance | Trabajadores de niveles municipal, provincial y nacional. |
El normal funcionamiento de los establecimientos educativos se ve interrumpido principalmente por la adhesión de los auxiliares de la educación. Al no poder garantizarse las condiciones de higiene y el servicio de comedor, muchas escuelas comunicaron a las familias la suspensión del dictado de clases.
A esta situación se suma el paro docente impulsado por la corriente Multicolor de SUTEBA, que decidió plegarse a la jornada de lucha nacional. Esta combinación ha dejado a numerosos establecimientos del casco urbano y Quequén con las puertas cerradas o con actividad reducida.
Desde la seccional local de ATE ratificaron que la medida de fuerza es la respuesta a la falta de soluciones ante la pérdida del poder adquisitivo. “La convocatoria responde a necesidades urgentes: la reapertura de paritarias no puede esperar más, así como tampoco el fin de la precarización laboral en las distintas dependencias del Estado que funcionan en nuestra ciudad”, expresaron.
Los matriculados del Colegio de Abogados elegirán nuevamente a parte de sus autoridades en las elecciones que llevará adelante esta institución.
Las mismas serán el martes 5 de mayo.
Ese día se elegirán consejeros titulares por CUATRO AÑOS, en reemplazo de los Doctores Carlos Damián UNIBASO; Diana Esther MARQUEZ, José María MARIUCCI VAZQUEZ; Lucia Carolina JAIME, Facundo Manuel GORGOJO y Juan Carlos BRUNO, por finalización de sus mandatos . Más TRES CONSEJEROS SUPLENTES por CUATRO AÑOS, en reemplazo de los Doctores Hugo Fernando FERRARI; Facundo Manuel GORGOJO y Victoria Belén FERNANDEZ, por finalizar sus mandatos. UN CONSEJERO SUPLENTE por DOS años por renuncia de la Dra. Bárbara Lis DOMINGUEZ.
Además se votarán dos vocales titulares (por cuatro años) para el tribunal de Disciplina, en reemplazo de las Doctores, Natalia Jimena IGARTUA quien asumiera para completar el mandato Ana Silvia IRIBARREN y Victorio Martin DE LA CANAL por finalización de sus mandatos.- DOS Vocales SUPLENTES por CUATRO AÑOS, en reemplazo de los Doctores Karina Vivian KLINK y Marcos Alejandro MIGDAL, por finalización de sus mandatos .
Estarán en condiciones de votar exclusivamente los matriculados que figuren en el Padrón Electoral.
Dónde se votará: la Mesa receptora de votos en Necochea y Quequén funcionará en la sede de calle 62 Nº 2710, el día 5 de mayo de 2026 en el horario de 9 a 18. Para los colegiados domiciliados en la ciudad de Lobería, la Mesa receptora funcionará en la Asociación de Abogados de Lobería, el día 5 de mayo de 2026 en el horario de 9 a 12.– Para los matriculados de San Cayetano, la Mesa receptora de votos funcionará el 5 de mayo de 2026 en el Juzgado de Paz de San Cayetano, en el horario de 9 a 12.- Para los matriculados residentes en Tres Arroyos, la Mesa receptora de votos funcionará el 5 de mayo de 2026 en la sede de la Asociación de Abogados de Tres Arroyos, calle Brandsen 474 de esa ciudad, en horario de 10 a 12.
Para la presentación de listas hay tiempo hasta el 25 de abril.
Hasta el momento no se oficializaron candidaturas.
El intendente de Necochea, Arturo Rojas, expresó su preocupación por la situación económica que atraviesan los municipios y apuntó directamente al Gobierno nacional por la falta de envío de recursos y el impacto que esto genera en las gestiones locales.
El jefe comunal – en declaraciones a Radio Nec 98.3 se refirió al escenario actual tras haber participado la semana pasada en la Ciudad de Buenos Aires de un encuentro junto a otros intendentes, donde reclamaron por el giro de fondos que, según señalaron, se han visto interrumpidos o reducidos.
En ese contexto, Rojas cuestionó decisiones vinculadas a la distribución de recursos y afirmó: “La Nacion deja de enviar esos fondos a la provincia de Buenos Aires, y también dejó de pagar algo que tenía que ver con un fallo judicial que era hacia la ciudad autónoma de Buenos Aires y la diferencia esa de coparticipación que se le había sacado en ningún momento con organismos todo cerrados que tienen financiamiento propio, incluso por ley con recursos afectados”.
El intendente también hizo foco en cómo la crisis impacta de lleno en las administraciones locales. “Los servicios básicos empiezan a hacer un peso importante en los presupuestos municipales, como también en el de los hogares”, señaló, marcando un paralelismo entre la situación de las comunas y la de los vecinos.
En esa línea, consideró “muy injusto” el accionar del Estado nacional al no volcar recursos que, según indicó, deberían destinarse a infraestructura y programas. “Me parece muy injusto que el Estado nacional, que tiene recursos afectados que debería volcar en obras de infraestructura o en programas, no lo haga, y todo eso se lo lleva puesto a los intendentes de todos los signos políticos”, sostuvo.
Rojas remarcó que la problemática no distingue colores partidarios y que afecta por igual a todos los municipios del país. “Puede ser radical, del PRO, peronista o vecinalista. A todos les está pegando”, agregó, en referencia al impacto generalizado de la crisis.
El planteo del intendente de Necochea se suma al de otros jefes comunales, Radicales, Peronistas, y Vecinalistas, que vienen advirtiendo sobre la caída de recursos, la paralización de obras y las dificultades crecientes para sostener servicios esenciales. En ese marco, el reclamo colectivo apunta a la necesidad de una respuesta urgente por parte del Gobierno nacional que permita aliviar la presión financiera sobre los municipios.
