La aparente tregua que había permitido alcanzar una lista única en la Unión Cívica Radical (UCR) de Necochea parece que llegó a su fin en las últimas días. Tras el plenario constitutivo de autoridades en el Comité Emiliano Abasolo, el dirigente Alberto “Beto” Esnaola lanzó duras declaraciones en FM La Radio 93.5, denunciando una maniobra política para desplazar a la exconcejala Adriana Pérez de la mesa ejecutiva y confirmando una ruptura irreversible con el oficialismo partidario.
Esnaola, integrante del espacio “Haciendo Radicalismo Siempre” contó que “las autoridades del Comité incumplieron el acuerdo que llevó a la conformación de la lista única, que fue una lista mucho más trabajosa de lo que la gente cree”, por eso “nos parece que no hay una vocación, ni de diálogo, ni de integración, que simplemente lo que hubo fue, entre comillas, una trampa en la que nosotros caímos, debo decirlo”.
Esnaola aclaró que su espacio no decidió bajarse voluntariamente, sino que fueron expulsados de la conducción rompiendo el acuerdo previo de unidad:
El referente de “Haciendo radicalismo siempre” apuntó directamente contra la figura del exintendente Daniel Molina, acusándolo de “implotar” la fortaleza del partido de manera sistemática:
“Molina me mintió en la cara una enorme cantidad de veces. Salíamos de tomar un café con todo acordado y cuando pasaba la lista ponía otra cosa. Tiene el mismo accionar que cuando fue intendente: implotar toda posibilidad de tener un radicalismo unido. Vivimos en un loop donde nadie se hace responsable de que la UCR sacó apenas 2000 votos en la última elección, saliendo terceros dentro de Juntos por el Cambio”.
Respecto al futuro inmediato de su línea interna, Esnaola adelantó los pasos políticos que tomarán en el distrito:
El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires ha emitido dictámenes sobre cuestión similares a la que suceden en nuestra ciudad, ya sea con el conflicto de poderes entre el Departamento ejecutivo y el Concejo Deliberante (rechazo al veto de los Beneficios impositivos a veteranos de guerra) como también por el veto anunciado por el intendente Arturo Rojas por las modificaciones en el estacionamiento medido.
En estos casos, la jurisprudencia del Organismo provincial es clara cuando señala “Los concejales que voten a favor y los funcionarios que ejecuten un presupuesto deficitario recibirán cargos económicos solidarios de pleno derecho por parte del Tribunal de Cuentas”
El Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Necochea formalizó este pasado viernes 15 de mayo la presentación de un conflicto de poderes ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, apuntando de manera directa contra el Concejo Deliberante de Necochea.
El intendente Arturo Rojas solicitó al máximo tribunal provincial que declare la nulidad e inconstitucionalidad de una ordenanza que otorga beneficios tributarios a veteranos de Malvinas.
El origen de la controversia
La disputa gira en torno al contenido de una normativa aprobada por el cuerpo legislativo que establece nuevos beneficios fiscales para los veteranos de la Guerra de Malvinas, sus viudas y derechohabientes.
Específicamente, la ordenanza cuestionada introduce modificaciones a la Ordenanza Fiscal e Impositiva vigente (OFI) para implementar las siguientes exenciones:
-Exención del pago de Derechos de Oficina para los trámites de las licencias de conducir.
-Exención en el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM).
-Exención del impuesto a la patente de rodados para excombatientes, viudas y derechohabientes.
Asimismo, en su artículo 4º, la norma fija de manera taxativa que estas medidas de alivio fiscal deberán ser contempladas de forma obligatoria en el diseño de la Ordenanza Fiscal e Impositiva del próximo año 2027.
Los argumentos del Ejecutivo
El escrito elevado a la Suprema Corte lleva la firma del intendente Rojas y el respaldo técnico del área Legal y Técnica, conducida por el Dr. Ernesto Povilaitis. Desde el Ejecutivo argumentan que el Concejo Deliberante se habría extralimitado en sus funciones al modificar la estructura de ingresos municipales e imponer pautas tributarias para ejercicios futuros (como el de 2027) sin la debida articulación o iniciativa del Gobierno local, afectando las facultades de administración financiera propias del intendente.
Por este motivo, además de exigir que se evalúe el fondo de la cuestión y se dicte la inconstitucionalidad de la norma, la comuna solicitó una medida cautelar urgente para frenar la aplicación de los beneficios mientras los ministros de la Corte bonaerense analizan el caso.
El Dato: Un conflicto de poderes es una herramienta jurídica excepcional contemplada en la Constitución Provincial para dirimir cuándo un órgano del Estado local invade las competencias de otro. Mientras la Corte define si acepta el caso y dicta la suspensión, la ordenanza entra en un limbo legal que marcará el diálogo entre el palacio municipal y el Concejo Deliberante.
El encuentro fue encabezado por destacados funcionarios y representantes del sector educativo y portuario:
La jornada permitió un espacio de trabajo conjunto entre los directivos de los centros de formación, representantes de entidades conveniantes y coordinadores territoriales. El objetivo central fue potenciar las herramientas de capacitación laboral en los distritos que integran las cuatro regiones educativas participantes, buscando una mayor inserción de los egresados en el mercado de trabajo regional.
La elección de la sede en Puerto Quequén subraya la importancia de la terminal marítima como un polo generador de empleo y su rol en la articulación de la formación profesional vinculada a las necesidades productivas de la zona.
Durante las exposiciones, se compartieron experiencias de gestión y se trazaron lineamientos para el ciclo lectivo, haciendo foco en la calidad de la formación laboral y el impacto de los convenios de colaboración en el territorio bonaerense.
El espacio MDF llevó adelante una reunión de trabajo con Beltrán Besada Romero, secretario de Economía Popular de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y dirigente provincial del Movimiento Evita, en la que se abordaron distintos ejes vinculados a la realidad económica y social.
Durante el encuentro se analizaron problemáticas que atraviesan a nivel local, provincial y nacional, poniendo especial énfasis en el impacto que la situación actual genera en los sectores más vulnerables y en las economías populares.
Asimismo, se intercambiaron miradas sobre los desafíos que enfrenta el territorio en materia de trabajo, producción y desarrollo, destacando la necesidad de fortalecer políticas públicas que acompañen a quienes sostienen la actividad económica desde abajo.
Desde el MDF remarcaron la importancia de generar estos espacios de diálogo y articulación con organismos provinciales, entendiendo que el contexto actual requiere de un Estado presente, con capacidad de escucha y respuestas concretas.
El encuentro se enmarca en una agenda de trabajo que busca construir propuestas que den respuesta a las demandas reales de la comunidad, priorizando el empleo, la producción y el acompañamiento a los sectores más afectados.
La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires resolvió intimar a partidos políticos y agrupaciones municipales que no alcanzan el mínimo de afiliados exigido por la normativa vigente.
Entre ellos se encuentran dos de nuestra ciudad: la Agrupación Comunal Transformadora y Valores para mi País.
En el caso de la ACT solo le restan presentar 16 afiliaciones para regularizar su situación.
A estos espacios políticos se les otorgo un plazo improrrogable de 90 días para regularizar su situación, bajo apercibimiento de declarar la caducidad de su personería jurídico-política.
En caso de no cumplir con la regularización dentro del plazo estipulado, la Junta Electoral podrá avanzar con la caducidad de la personería, lo que implicaría la imposibilidad de participar en procesos electorales
La medida se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 46 inciso “f” del decreto ley 9889/82 -modificado por la ley 14.086-, que establece como causal de caducidad no mantener el número mínimo de afiliados requerido. Asimismo, el organismo recordó que tiene la obligación de verificar anualmente esta condición, proceso que se realiza cada 1° de marzo según la Resolución Técnica N° 75/2013.
Antes de adoptar una sanción definitiva, la normativa prevé una instancia de intimación para garantizar el debido proceso. En este marco, las fuerzas que no cumplen con el piso de afiliaciones deberán presentar nuevas fichas que les permitan alcanzar el mínimo legal.
