Rivero dice “si al debate del Proyecto de exploración petrolifera en el litoral maritimo bonaerense”

El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires ha emitido dictámenes sobre cuestión similares  a la que suceden en nuestra ciudad, ya sea con el conflicto de poderes entre el Departamento ejecutivo y el Concejo Deliberante (rechazo al veto de los Beneficios impositivos a veteranos de guerra)  como también por el veto anunciado por el intendente Arturo Rojas por las modificaciones en el estacionamiento medido.

En estos casos, la jurisprudencia del Organismo provincial es clara cuando señala “Los concejales que voten a favor y los funcionarios que ejecuten un presupuesto deficitario recibirán cargos económicos solidarios de pleno derecho por parte del Tribunal de Cuentas”

A raíz de esto, vemos análisis de tres doctrinas claves del organismo de control bonaerense sobre el conflicto de facultades entre los Concejos Deliberantes y los Departamentos Ejecutivos.

1. Conflicto, salarios, presupuestos y emergencias (Art. 124 LOM)

• Consulta: ¿Puede el Concejo Deliberante aprobar modificaciones que incremente el gasto y genere déficit basándose en una “situación de necesidad y urgencia” ?
• Doctrina del Tribunal: No. El artículo 124 de la LOM es terminante: no se pueden autorizar presupuestos con déficit ni créditos suplementarios sin financiación real (Art. 120). El organismo no acepta excepciones por emergencia al principio de “equilibrio presupuestario” (Art. 31 LOM).
• Consecuencia: Los concejales que voten a favor y los funcionarios que ejecuten un presupuesto deficitario recibirán cargos económicos solidarios de pleno derecho por parte del Tribunal de Cuentas, además de las responsabilidades civiles y penales correspondientes. Las únicas salidas legales son consolidar deudas, achicar otros gastos o generar nuevos recursos genuinos.

2. Retroactividad de aumentos y cálculo de déficit

• Consulta: Validez del pago de aumentos salariales antes de la promulgación del Presupuesto y el riesgo de transgresión matemática por desfinanciamiento.
• Doctrina del Tribunal:
  • Convalidación: Si se pagan sueldos con aumentos antes de que la ordenanza presupuestaria esté formalmente promulgada, el acto administrativo queda convalidado una vez que la ordenanza entra en vigencia y cubre dicho período (ej. vigencia al mes de enero).
  • Sueldo Básico vs. Mínimo: El básico lo determina cada categoría del agrupamiento (Ley 11.757); el mínimo es el menor sueldo mensual de la administración más bonificaciones normales para horario completo (Reglamento de Contabilidad).
  • Alerta Matemática: Si las modificaciones que introduce un Concejo Deliberante a las partidas de personal superan los recursos reales asignados, se rompe el equilibrio de la LOM y opera la responsabilidad automática de los ediles.

3. Presupuesto, creación de cargos 

Consulta: ¿Tiene facultad el Concejo Deliberante para aumentar el monto total del presupuesto, o crear cargos dentro del organigrama municipal?

• Doctrina del Tribunal: No de forma autónoma. El artículo 35 de la LOM prohíbe taxativamente al Concejo Deliberante crear cargos ajenos a su propio cuerpo.
• Facultad del Intendente: La creación de direcciones y el nombramiento de personal estable corresponden exclusivamente al Departamento Ejecutivo. El Concejo sólo puede crear cargos bajo el régimen de excepción por ordenanza si la iniciativa surge del propio Intendente.
• Limitación ilegal: Imponer por ordenanza que el Intendente deba designar a un funcionario “con el acuerdo” de una entidad civil local no se ajusta a derecho, ya que limita ilegalmente las facultades de designación que la LOM le otorga al Jefe Comunal.
• Vigencia: Si la ordenanza fue aprobada, no fue vetada por el Intendente y no se pidió su nulidad judicial, la norma sigue vigente y es de aplicación, quedando la responsabilidad por el desequilibrio financiero en cabeza de los concejales que la votaron.

Autoridades provinciales y locales se reunieron para debatir políticas de capacitación para el empleo. El evento contó con la participación de directivos de centros educativos, delegados de trabajo y referentes del Instituto Provincial de Formación Laboral (IPFL).

📋 Participantes y Autoridades

El encuentro fue encabezado por destacados funcionarios y representantes del sector educativo y portuario:

• Ezequiel Berrueco: Secretario Ejecutivo del IPFL.
• Liliana Meretz: Directora de Gestión de la Formación Laboral.
• Cecilia Soiza: Subsecretaria de Empleo del Ministerio de Trabajo provincial.
• Mariano Carrillo: Presidente Interino del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén.
• Ricardo Rodríguez: Coordinador Regional.
• Lorena Airoldi: Inspectora de formación profesional.

Articulación estratégica

La jornada permitió un espacio de trabajo conjunto entre los directivos de los centros de formación, representantes de entidades conveniantes y coordinadores territoriales. El objetivo central fue potenciar las herramientas de capacitación laboral en los distritos que integran las cuatro regiones educativas participantes, buscando una mayor inserción de los egresados en el mercado de trabajo regional.

El Puerto como escenario de desarrollo

La elección de la sede en Puerto Quequén subraya la importancia de la terminal marítima como un polo generador de empleo y su rol en la articulación de la formación profesional vinculada a las necesidades productivas de la zona.

Durante las exposiciones, se compartieron experiencias de gestión y se trazaron lineamientos para el ciclo lectivo, haciendo foco en la calidad de la formación laboral y el impacto de los convenios de colaboración en el territorio bonaerense.

El espacio MDF llevó adelante una reunión de trabajo con Beltrán Besada Romero, secretario de Economía Popular de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y dirigente provincial del Movimiento Evita, en la que se abordaron distintos ejes vinculados a la realidad económica y social.

Durante el encuentro se analizaron problemáticas que atraviesan a nivel local, provincial y nacional, poniendo especial énfasis en el impacto que la situación actual genera en los sectores más vulnerables y en las economías populares.

Asimismo, se intercambiaron miradas sobre los desafíos que enfrenta el territorio en materia de trabajo, producción y desarrollo, destacando la necesidad de fortalecer políticas públicas que acompañen a quienes sostienen la actividad económica desde abajo.

Desde el MDF remarcaron la importancia de generar estos espacios de diálogo y articulación con organismos provinciales, entendiendo que el contexto actual requiere de un Estado presente, con capacidad de escucha y respuestas concretas.

El encuentro se enmarca en una agenda de trabajo que busca construir propuestas que den respuesta a las demandas reales de la comunidad, priorizando el empleo, la producción y el acompañamiento a los sectores más afectados.

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires resolvió intimar a partidos políticos y agrupaciones municipales que no alcanzan el mínimo de afiliados exigido por la normativa vigente.

Entre ellos se encuentran dos de nuestra ciudad: la Agrupación Comunal Transformadora y Valores para mi País.

En el caso de la ACT solo le restan presentar 16 afiliaciones para regularizar su situación.

A estos espacios políticos se les otorgo un plazo improrrogable de 90 días para regularizar su situación, bajo apercibimiento de declarar la caducidad de su personería jurídico-política.

En caso de no cumplir con la regularización dentro del plazo estipulado, la Junta Electoral podrá avanzar con la caducidad de la personería, lo que implicaría la imposibilidad de participar en procesos electorales

La medida se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 46 inciso “f” del decreto ley 9889/82 -modificado por la ley 14.086-, que establece como causal de caducidad no mantener el número mínimo de afiliados requerido. Asimismo, el organismo recordó que tiene la obligación de verificar anualmente esta condición, proceso que se realiza cada 1° de marzo según la Resolución Técnica N° 75/2013.

Antes de adoptar una sanción definitiva, la normativa prevé una instancia de intimación para garantizar el debido proceso. En este marco, las fuerzas que no cumplen con el piso de afiliaciones deberán presentar nuevas fichas que les permitan alcanzar el mínimo legal.

Rodrigo Irigoyen , concejal de la Unión Cívica Radical, mostró su preocupación con el estado de las calles de tierra en varias zonas de nuestra ciudad.

Sobre este tema, en sus redes sociales, el concejal señaló “Hoy vemos una ciudad con menos mantenimiento, con respuestas que llegan tarde y con un Estado que no está donde el vecino lo necesita.

Y hay que decirlo claro: no es un problema de recursos, es un problema de prioridades.

Porque gobernar es elegir, y hoy no se está eligiendo bien.

Desde nuestro lugar vamos a insistir en algo básico: orden, planificación y presencia real en la calle…”