Bartolomé Zubillaga, concejal de Nueva Necochea visitó los estudios de FM Vorterix 95.1 para participar de la entrevista de Un tipo a las 10.
Allí se refirió a una nota periodística que criticaba la presentación de un proyecto de resolución en el Concejo Deliberante solicitando información al Consorcio de Gestión de Puerto Quequén sobre el futuro de Terminal Quequén y especialmente de las 200 familias que dependen de esa empresa.
Ante esos cuestionamientos, Zubillaga se mostró tranquilo para señalar que “esta nota que salió en el periódico local (Ecos Diarios) es de las cosas más insólitas que me sucedieron en esta etapa como concejal, pero también de las que más me alegraron porque vimos que en la tapa un título con una resolución emanada por el Concejo Deliberante, más una página central hablando sobre el tema. La verdad me alegra porque la gente entendió qué es lo que está haciendo el Concejo ante un acuciante problema que enfrentan 200 familias, cómo son las familias de los trabajadores y trabajadoras de Terminal Quequén”.
Además explicó que en esa nota “hay una serie de contradicciones y errores que si me hubieran consultado se hubiera explicado fácilmente”.
Con respecto a los dos planteos, en uno dijo que la nota señala que el Consorcio es un ente público no estatal y por lo consiguiente el Concejo Deliberante no podría haberse dirigido a él.
Ahí hay una situación dado que es público no estatal es un ente que se crea por ley que no tiene fines de lucro y tiene que tender a un interés común. Mientras que los concejales somos los representantes del pueblo, por eso buscamos promover el interés de la comunidad. Por lo cual en ese punto el Concejo y el Consorcio coinciden en el interés público. Por lo cual a partir de ahí podemos consultar, preguntar y si es necesario intervenir en lo que es el Consorcio de Puerto Quequén”.
Y recordó que al ser un ente público “siempre hay un funcionario que de alguna forma administra un consorcio y su directorio, pero el presidente proviene de la provincia de Buenos Aires”
A eso le sumo que todo está aseveración también se cae cuando sabemos que hay una ley de datos mediante la cual yo como Ciudadano si quisiera consultar al ente público no estatal tienen la obligación de contestarme y de publicar todos sus actos. O sea que nos podemos dirigir como ciudadanos y como Concejo Deliberante porque somos los representantes del pueblo”.
La otra situación, la consideró “irrisoria”, porque según la nota no se debería haber hecho el planteo mediante un proyecto de resolución sino por una minuta de comunicación.
“Es gracioso que uno tenga que explicar esto porque es una cuestión interna, que no tiene mayor sentido, porque casualmente es del funcionamiento propio del Concejo Deliberante.
Lo que indica es que deberíamos haber llevado adelante una minuta de comunicación mediante la cual deberíamos habernos dirigido al Intendente, para que le diga al delegado municipal que pregunte lo que nosotros queríamos preguntar, pero claro si me hubieran consultado, yo les hubiera informado que ´no usamos la minuta, por la sencilla razón que el directorio de Puerto Quequén hace meses que estaba en inactivo, entonces en el momento que se resolvió la resolución no teníamos director”.
Culminó afirmando que “la situación era bastante más grave como para seguir esperando y recién el 18 de agosto se nominaron los nuevos directores”.
Luego indicó que “sobre las dos cuestiones que se plantean, una es inexacta y la otra es algo que no se podría haber hecho, es más yo si quiero ver podría utilizar una nota o pedido, informe y no creo sinceramente que la angustia que sufren 200 familias, que no saben qué van a pasar con su destino a partir del 1° de noviembre, le interese mucho si yo utilizo una resolución o una minuta de comunicación”.
Finalizó explicando que “Lo bueno es que al haberse hablado tanto de la resolución, los vecinos y vecinas de Necochea se enteraron de uno de los problemas que tenemos en Puerto Quequén. Y es que una de las principales concesiones, donde trabajan directa e indirectamente 200 personas, el 30 de noviembre termina la concesión y el primero de diciembre no sabemos qué es lo que va a pasar”.
Y recordó que esto surgió porque recibimos en el Concejo, al sindicato que actúa dentro del Terminal Quequén.
El Dato: Un conflicto de poderes es una herramienta jurídica excepcional contemplada en la Constitución Provincial para dirimir cuándo un órgano del Estado local invade las competencias de otro. Mientras la Corte define si acepta el caso y dicta la suspensión, la ordenanza entra en un limbo legal que marcará el diálogo entre el palacio municipal y el Concejo Deliberante.
