El Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Necochea formalizó este pasado viernes 15 de mayo la presentación de un conflicto de poderes ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, apuntando de manera directa contra el Concejo Deliberante de Necochea.
El intendente Arturo Rojas solicitó al máximo tribunal provincial que declare la nulidad e inconstitucionalidad de una ordenanza que otorga beneficios tributarios a veteranos de Malvinas.
El origen de la controversia
La disputa gira en torno al contenido de una normativa aprobada por el cuerpo legislativo que establece nuevos beneficios fiscales para los veteranos de la Guerra de Malvinas, sus viudas y derechohabientes.
Específicamente, la ordenanza cuestionada introduce modificaciones a la Ordenanza Fiscal e Impositiva vigente (OFI) para implementar las siguientes exenciones:
-Exención del pago de Derechos de Oficina para los trámites de las licencias de conducir.
-Exención en el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM).
-Exención del impuesto a la patente de rodados para excombatientes, viudas y derechohabientes.
Asimismo, en su artículo 4º, la norma fija de manera taxativa que estas medidas de alivio fiscal deberán ser contempladas de forma obligatoria en el diseño de la Ordenanza Fiscal e Impositiva del próximo año 2027.
Los argumentos del Ejecutivo
El escrito elevado a la Suprema Corte lleva la firma del intendente Rojas y el respaldo técnico del área Legal y Técnica, conducida por el Dr. Ernesto Povilaitis. Desde el Ejecutivo argumentan que el Concejo Deliberante se habría extralimitado en sus funciones al modificar la estructura de ingresos municipales e imponer pautas tributarias para ejercicios futuros (como el de 2027) sin la debida articulación o iniciativa del Gobierno local, afectando las facultades de administración financiera propias del intendente.
Por este motivo, además de exigir que se evalúe el fondo de la cuestión y se dicte la inconstitucionalidad de la norma, la comuna solicitó una medida cautelar urgente para frenar la aplicación de los beneficios mientras los ministros de la Corte bonaerense analizan el caso.
El Dato: Un conflicto de poderes es una herramienta jurídica excepcional contemplada en la Constitución Provincial para dirimir cuándo un órgano del Estado local invade las competencias de otro. Mientras la Corte define si acepta el caso y dicta la suspensión, la ordenanza entra en un limbo legal que marcará el diálogo entre el palacio municipal y el Concejo Deliberante.
El encuentro fue encabezado por destacados funcionarios y representantes del sector educativo y portuario:
La jornada permitió un espacio de trabajo conjunto entre los directivos de los centros de formación, representantes de entidades conveniantes y coordinadores territoriales. El objetivo central fue potenciar las herramientas de capacitación laboral en los distritos que integran las cuatro regiones educativas participantes, buscando una mayor inserción de los egresados en el mercado de trabajo regional.
La elección de la sede en Puerto Quequén subraya la importancia de la terminal marítima como un polo generador de empleo y su rol en la articulación de la formación profesional vinculada a las necesidades productivas de la zona.
Durante las exposiciones, se compartieron experiencias de gestión y se trazaron lineamientos para el ciclo lectivo, haciendo foco en la calidad de la formación laboral y el impacto de los convenios de colaboración en el territorio bonaerense.
El espacio MDF llevó adelante una reunión de trabajo con Beltrán Besada Romero, secretario de Economía Popular de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y dirigente provincial del Movimiento Evita, en la que se abordaron distintos ejes vinculados a la realidad económica y social.
Durante el encuentro se analizaron problemáticas que atraviesan a nivel local, provincial y nacional, poniendo especial énfasis en el impacto que la situación actual genera en los sectores más vulnerables y en las economías populares.
Asimismo, se intercambiaron miradas sobre los desafíos que enfrenta el territorio en materia de trabajo, producción y desarrollo, destacando la necesidad de fortalecer políticas públicas que acompañen a quienes sostienen la actividad económica desde abajo.
Desde el MDF remarcaron la importancia de generar estos espacios de diálogo y articulación con organismos provinciales, entendiendo que el contexto actual requiere de un Estado presente, con capacidad de escucha y respuestas concretas.
El encuentro se enmarca en una agenda de trabajo que busca construir propuestas que den respuesta a las demandas reales de la comunidad, priorizando el empleo, la producción y el acompañamiento a los sectores más afectados.
La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires resolvió intimar a partidos políticos y agrupaciones municipales que no alcanzan el mínimo de afiliados exigido por la normativa vigente.
Entre ellos se encuentran dos de nuestra ciudad: la Agrupación Comunal Transformadora y Valores para mi País.
En el caso de la ACT solo le restan presentar 16 afiliaciones para regularizar su situación.
A estos espacios políticos se les otorgo un plazo improrrogable de 90 días para regularizar su situación, bajo apercibimiento de declarar la caducidad de su personería jurídico-política.
En caso de no cumplir con la regularización dentro del plazo estipulado, la Junta Electoral podrá avanzar con la caducidad de la personería, lo que implicaría la imposibilidad de participar en procesos electorales
La medida se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 46 inciso “f” del decreto ley 9889/82 -modificado por la ley 14.086-, que establece como causal de caducidad no mantener el número mínimo de afiliados requerido. Asimismo, el organismo recordó que tiene la obligación de verificar anualmente esta condición, proceso que se realiza cada 1° de marzo según la Resolución Técnica N° 75/2013.
Antes de adoptar una sanción definitiva, la normativa prevé una instancia de intimación para garantizar el debido proceso. En este marco, las fuerzas que no cumplen con el piso de afiliaciones deberán presentar nuevas fichas que les permitan alcanzar el mínimo legal.
Rodrigo Irigoyen , concejal de la Unión Cívica Radical, mostró su preocupación con el estado de las calles de tierra en varias zonas de nuestra ciudad.
Sobre este tema, en sus redes sociales, el concejal señaló “Hoy vemos una ciudad con menos mantenimiento, con respuestas que llegan tarde y con un Estado que no está donde el vecino lo necesita.
Y hay que decirlo claro: no es un problema de recursos, es un problema de prioridades.
Porque gobernar es elegir, y hoy no se está eligiendo bien.
Desde nuestro lugar vamos a insistir en algo básico: orden, planificación y presencia real en la calle…”
La concejal del PRO, Eugenia Vallota presentó un despacho en el expediente que trata el pliego de bases y condiciones para la prestación de servicio del autotransporte público urbano de pasajeros.
En dicho despacho, Vallota propone modificar el artículo 59 bis indicando que “las empresas prestatarias del servicio público urbano de pasajeros no podrán exhibir publicidad política tanto en el interior como en el exterior de sus vehículos hasta el 31 de diciembre 2027”.
Esto será puesto a consideración del resto de los concejales en la reunión que se desarrollará hoy para que se incorpore al pliego final, el cual será tratado la sesión del próximo miércoles 6 de mayo.
El objetivo de esta iniciativa es separar la discusión del transporte público de la lógica electoral teniendo, en cuenta que resta poco más de un año para las próximas elecciones y de esta manera se buscan alejar cualquier tipo de suspicacias.
