Tras el plenario llevado adelante en el Comité Emiliano Abasolo de la UCR, autoridades radicales más el bloque de Concejales y afiliados difundieron una carta abierta la cual está dirigido a los legisladores de la ICR a nivel nacional
La carta indica lo siguiente: “El Congreso Nacional tiene en tratamiento tres temas que de aprobarse condicionarán negativamente el futuro de los argentinos:
La Cámara de Diputados, el tratamiento del decreto de necesidad y urgencia Nº70/23, ya rechazado por el Senado. Su no tratamiento hace que se mantenga vigente en virtud de la ley 26.122, ley que fuera impulsada por Cristina Fernández de Kirchner en favor del entonces presidente Néstor Kirchner, que implica una deformación de la cláusula constitucional y consuma una renuncia de potestades del propio Congreso, ya que exige el rechazo de las dos Cámaras para dejarlo sin efecto. Son más de 300 normas entre las derogadas y las modificadas total o parcialmente, con el objetivo (según el presidente) de: “…sentar las bases para la reconstrucción de la economía argentina”. A la fecha, las consecuencias han sido profundizar las pérdidas de puestos de trabajo público y privado, profundizar la caída de actividad económica, repitiendo políticas públicas, que no hacen más que asentuar la irresponsabilidad en el manejo de la cosa pública que arrastramos desde hace más de veinte años. Y, su manifiesta inconstitucionalidad, dado que es nuestra propia Carta Magna, la que prohíbe al Presidente legislar por sí mismo una reforma radical del orden legal argentino. Sólo el Congreso tiene esa atribución, y es imprescindible que así sea en una democracia republicana. La legislación unipersonal por la vía de un DNU bloquea el debate público que debe preceder a reformas de estas dimensiones, tanto en el Congreso como fuera de él, e impide que la ciudadanía ejerza un control real e informado de su contenido. Es claro, entonces, que nuestro orden republicano no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley y la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto.
El DNU debe rechazarse, ya que carece de una justificación pública, precisa y suficiente del impedimento que tendría el Congreso para discutir cada una de las reformas que dispone.
A su vez, el Senado, tiene en estudio la denominada “Ley de Bases” que inexplicablemente fue apoyada en Diputados por el bloque de la UCR salvo honrosas excepciones, entre las que se encuentra nuestro coterráneo Pablo Juliano. Entre otras medidas, contempla la creación del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversores), que será una vuelta de tuerca en la primarización de la economía, la destrucción de las PYMES que desde hace tiempo son desatendidas por los gobiernos nacionales que antecedieron y un monumental negocio para los capitales transnacionales sin dejar un dólar en el país, un inmoral blanqueo de capitales, recortes de derechos laborales y la delegación de facultades del Congreso en el presidente de la Nación. Es imperiosa la necesidad que se rechace y si se aprueba no lo sea con los votos del radicalismo.
También tiene el Senado, los pliegos para cubrir las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (renuncia de la Dra. Elena Highton de Nolasco en octubre de 2021 y próxima jubilación del Dr. Juan Carlos Maqueda). Sería un retroceso que las dos, no sean cubiertas por mujeres (conforme art. 3 del Decreto 222/03, que reglamenta la facultad del nombramiento que detenta el Presidente) y, sumado a ello, el artículo 2 del mencionado decreto, establece que la finalidad del procedimiento de selección de los candidatos es “…la correcta valoración de sus aptitudes morales, su idoneidad técnica y jurídica, su trayectoria y su compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos que lo hagan merecedor de tan importante función”, es decir, que los cargos deben ser cubiertos por personas íntegras, con una trayectoria intachable. No es el caso de Ariel Lijo. Su pliego debe ser rechazado.
Señores legisladores de la Unión Cívica Radical. Unos y otros tienen en su voto buena parte del futuro de nuestro pueblo. Estén a la altura de las circunstancias. En esas bancas estuvieron sentados Balbín, Illia, Larralde, Alfonsín, Pugliese, Jaroslavsky, y tantos otros. Honren su memoria”.
El Dato: Un conflicto de poderes es una herramienta jurídica excepcional contemplada en la Constitución Provincial para dirimir cuándo un órgano del Estado local invade las competencias de otro. Mientras la Corte define si acepta el caso y dicta la suspensión, la ordenanza entra en un limbo legal que marcará el diálogo entre el palacio municipal y el Concejo Deliberante.
