La ex diputada Natalia Sánchez Jauregui emitió su opinión con respecto al proceso que se esta llevando adelante para concesionar nuevamente los elevadores portuarios por parte de Puerto Quequén, saliendo en defensa de la decisión del gobernador Axel Kicillof de destinar un porcentaje de la mercadería que se movilizan also pequeños y medianos productores.
En el comunicado Sánchez Jauregui indicó que “Axel Kicillof demuestra una vez más su compromiso con los pequeños y medianos productores bonaerenses al proponer medidas para que accedan en igualdad de condiciones a los mercados internacionales. En esta ocasión, la propuesta incluye reservar una parte de la carga para estos productores en el elevador de granos estatal, concesionado al sector privado desde hace más de treinta años.
Durante estas décadas, el elevador concesionado a Terminal Quequén ha facilitado la carga de granos destinados a diversos países, favoreciendo a grandes exportadores concentrados que han maximizado sus ganancias. Ahora, con el vencimiento de la concesión, el Gobernador plantea una opción que beneficiaría a los pequeños y medianos productores, garantizando que al menos una parte de la capacidad del elevador se reserve para ellos. Esto contrasta con las condiciones actuales, en las que estos productores deben someterse a las imposiciones de los grandes actores del mercado.
El rechazo de los grandes exportadores al esquema propuesto resulta sorprendente, ya que este permitiría a los pequeños y medianos productores acceder a los mercados internacionales sin afectar la operativa de los grandes. La propuesta de Kicillof sigue precedentes internacionales que han integrado exitosamente los intereses estatales y privados, promoviendo la libertad, igualdad y fraternidad, principios fundamentales del desarrollo occidental.
El concepto de «estado presente» cobra relevancia en este contexto. Kicillof y su administración buscan garantizar una presencia activa y efectiva del Estado en el ámbito económico, asegurando que todos los actores del mercado, grandes y pequeños, tengan acceso equitativo a las oportunidades internacionales. Esta intervención estatal pretende evitar que el poder de mercado se concentre en unos pocos y, en cambio, permita que el esfuerzo y trabajo de todos los bonaerenses sean valorados de manera justa.
El análisis y la discusión sobre esta propuesta son esenciales. Kicillof ha mostrado una sensibilidad hacia un sector crucial de la economía bonaerense que históricamente ha enfrentado dificultades para ser atendido por las Administraciones Provinciales. En mi experiencia, intenté recuperar para el Estado Provincial la gestión del elevador a través de un Proyecto de Ley, cuyo avance se vio limitado por la composición coyuntural de las Cámaras Legislativas. No obstante, la búsqueda de alternativas para garantizar que todos los productores bonaerenses puedan competir en el mercado internacional sigue siendo una prioridad.
El objetivo es claro: democratizar el comercio internacional en la Provincia de Buenos Aires, permitiendo que los pequeños y medianos productores también tengan acceso a estos mercados. Es momento de asegurar que el esfuerzo y trabajo de todos los bonaerenses, no solo de unos pocos privilegiados, sean valorados adecuadamente.
El Dato: Un conflicto de poderes es una herramienta jurídica excepcional contemplada en la Constitución Provincial para dirimir cuándo un órgano del Estado local invade las competencias de otro. Mientras la Corte define si acepta el caso y dicta la suspensión, la ordenanza entra en un limbo legal que marcará el diálogo entre el palacio municipal y el Concejo Deliberante.
