Para el Ejecutivo, el fallo carece de sustento porque parte de una premisa falsa: que la subasta implica una obra nueva.
Povilaitis centró su crítica en la exigencia de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) invocada por Herrera bajo la Ley 11.723. El funcionario explicó que la Ordenanza 12.009/25 solo dispone la venta del inmueble en el estado en que se encuentra, “con todo lo edificado, plantado y adherido al suelo”, sin prever construcciones ni alteraciones edilicias.
“El Juez Herrera debió aclarar cuál sería la obra o actividad que produciría un efecto negativo, ya que la ordenanza no prevé proyectos nuevos. Es un simple cambio de titularidad dominial”, sentenció Povilaitis.
En este sentido, el municipio argumenta que no se puede realizar un estudio de impacto ambiental sobre “lo existente” si no hay un proyecto de modificación. “La participación ciudadana o la audiencia pública corresponderán cuando se presenten indicadores urbanísticos o proyectos de obra, no ante una mera transferencia de propiedad”, añadió.
Otro de los puntos de fricción es el rol de la Comisión de Preservación. En su fallo, Herrera afirmó que la subasta se frenaba porque no se había expedido dicha comisión como “autoridad de aplicación”.
Povilaitis fue tajante al desmentirlo:
El secretario de Legal y Técnica no dejó pasar un detalle temporal: el municipio presentó su informe previo a las 11:50 del viernes y el Juez Herrera dictó la sentencia cautelar a las 14:00 del mismo día.
“En el exiguo tiempo de poco más de 2 horas que se tomó el magistrado para leer el informe y dictar sentencia, no advirtió las circunstancias descriptas”, disparó Povilaitis.
La expectativa ahora está puesta en los tradicionales carnavales de Lobería, que este año prometen ser superadores.
“Ya tenemos 6 comparsas confirmadas, sumando dos agrupaciones nuevas a las cuatro clásicas que venían participando”, adelantó el secretario de Turismo.
Los festejos se extenderán desde el sábado de carnaval hasta el martes, culminando con la tradicional quema del Rey Momo.
Además el secretario de Turismo, Lautaro de Dios, destacó el éxito de lo que fueorn lso festejos pro el aniversario de Lobería:“Fue un fin de semana muy grato. Arrancamos el viernes con el Lobe Fest en el Camino de Sirga, potenciando a los artistas y food trucks locales, y el sábado tuvimos la frutillita del postre con una multitud acompañando el show de Kapanga”.
Se realizó una reunión de la Comisión de Legislación que presidio la Concejal Silvina Jensen Menna (Nua. Nec.).
La Comisión recibió a referentes del SAS (Servicio de Asistencia al Suicida), quienes plantearon la necesidad de contar con un espacio físico definitivo. Desde los distintos bloques se expresó el acompañamiento al servicio, destacando su importancia para la comunidad, y se acordó continuar trabajando junto a la Secretaría de Salud.
Además, se trataron expedientes vinculados a vías de excepción para el funcionamiento de depósitos y un bar con espectáculos, cuyo tratamiento continuará en comisión.
Estuvo presente el Secretario del HCD, José Alvariño, y los siguientes Concejales: Gabriela Espinosa, Rodrigo Tabarez, , María José Hegui (Nua. Nec.); Bettiana Pustilnick, Juan Pablo De La Hera (ACT); Eduardo Caballero Verónica Bibbo, Juan Cerezuela, Eduardo Caballero, Yoel Acien (LLA); Evangelina Almada (FP-MDF); María Eugenia Vallota (PRO-LLA); Marcelo Rivero, Silvia Blanco (FP); Rodrigo Irigiyen (UCR).
Economia
El Concejo Deliberante informó que se realizó una reunión de la Comisión de Política Económica que presidio el Concejal Juan Cerezuela (LLA).
La Comisión trato un pedido de informes sobre el Centro de Monitoreo, con el objetivo de conocer su funcionamiento, la cantidad de cámaras operativas, los costos del servicio y las empresas intervinientes.
Luego se debatieron diferentes excepciones de tasas y condonaciones de deudas.
El debate sobre qué modelo de ciudad pretende Necochea volvió al primer plano en el Concejo Deliberante. El concejal Eduardo Caballero (La Libertad Avanza) planteó la necesidad de retomar un ambicioso Plan Urbano Ambiental (basado en proyectos de 2005/2006) para zonificar de manera definitiva el distrito y terminar con las habilitaciones comerciales “precarias” o por “vía de excepción”, principalmente, en la zona costera.
La iniciativa surge ante la llegada de nuevos expedientes que solicitan habilitar boliches y locales con música en lugares donde el código actual no lo permite. “No queremos escuchar más esa frase de que ‘como siempre se hizo así, debe seguir’. Queremos reordenar la ciudad”, sentenció Caballero.
El edil libertario señaló que la falta de una zonificación clara genera un choque constante entre la actividad nocturna y el descanso de los vecinos. Entre los reclamos recurrentes, mencionó:
Mientras se trabaja en el plan de fondo, que Caballero estima podría demandar entre dos y tres años de análisis técnico, el bloque de La Libertad Avanza propone un esquema de transición:
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, llegará este jueves 12 de febrero a Quequén para encabezar una nueva Conferencia de Verano, en el marco de la agenda política y territorial que despliega durante la temporada estival.
La actividad había sido anunciada originalmente para el martes 11, pero fuentes del gobierno bonaerense confirmaron que finalmente se realizará el jueves 12, por la tarde, y en un punto de la costa, que será informado oficialmente en las próximas horas. A las 17 tendrá un encuentro con la prensa en la costa de Quequén.
Resta definir al agenda pero como ocurrió en otras oportunidades, mantendrá reuniones con sectores productivos, gremiales, comerciales e industriales de la ciudad, además de realizar conferencias y visitas a distintos lugares.
Se tratará de la tercera Conferencia de Verano 2026 encabezada por el mandatario provincial. La primera tuvo lugar en Villa Gesell y la segunda en San Pedro, donde el gobernador volvió a marcar una fuerte diferenciación con las políticas económicas del gobierno nacional.
Ya está disponible el fallo del Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de Necochea, que suspendió la subasta del Casino.
A continuación, los puntos claves que explican por qué la Justicia decidió poner un “freno de mano” al Ejecutivo municipal:
El juez Carlos Herrera aplicó el concepto jurídico de periculum in mora (peligro en la demora). Según el magistrado, si la subasta se realizaba el 11 de febrero sin haber cumplido con todos los pasos legales, cualquier sentencia posterior sería inútil. “Realizada la subasta, podría resultar de imposible o difícil reparación ulterior”, advierte el fallo, señalando que la venta alteraría la situación de hecho de forma irreversible.
Uno de los puntos más técnicos y críticos del fallo es la referencia al Decreto Ley 8.912. El juez sostiene que no se ha acreditado que los cambios de uso del suelo y los indicadores urbanísticos propuestos para el predio cuenten con la convalidación de la Provincia de Buenos Aires. Sin este aval provincial, el municipio no tendría la potestad de avanzar en la enajenación bajo las condiciones actuales.
El fallo subraya un incumplimiento local: antes de desafectar el Complejo Casino mediante la Ordenanza 12.009/25, debería haberse expedido la Comisión de Preservación del Patrimonio, autoridad de aplicación según la Ordenanza 7.106/10. “No se encuentra acreditado que se hubiere expedido dicha comisión”, indica el texto judicial.
Herrera hizo especial hincapié en la reforma constitucional de 1994, citando los artículos 41 de la Constitución Nacional y 28 de la de la Provincia.
“Se debe poner de sobresalto el deber constitucional de preservación del medio ambiente (…) y la obligación de garantizar los derechos a una amplia información ambiental y a la participación ciudadana”, señala el magistrado.
Bajo este criterio, un proyecto de tal magnitud sobre el frente costero no puede avanzar sin mecanismos que aseguren que la comunidad ha sido debidamente informada y consultada.📝📝📝Ya está disponible el fallo del Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de Necochea, que suspendió la subasta del Casino.El fallo del titular del Juzgado Contencioso Administrativo N° 1, Dr. Carlos Herrera detalla una serie de presuntas omisiones administrativas que, de concretarse la venta, podrían haber generado un perjuicio para el patrimonio público.A continuación, los puntos clave que explican por qué la Justicia decidió poner un “freno de mano” al Ejecutivo municipal:1. El riesgo de “Hechos Consumados”El Juez Herrera aplicó el concepto jurídico de periculum in mora (peligro en la demora). Según el magistrado, si la subasta se realizaba el 11 de febrero sin haber cumplido con todos los pasos legales, cualquier sentencia posterior sería inútil. “Realizada la subasta, podría resultar de imposible o difícil reparación ulterior”, advierte el fallo, señalando que la venta alteraría la situación de hecho de forma irreversible.2. Falta de Convalidación ProvincialUno de los puntos más técnicos y críticos del fallo es la referencia al Decreto Ley 8.912. El juez sostiene que no se ha acreditado que los cambios de uso del suelo y los indicadores urbanísticos propuestos para el predio cuenten con la convalidación de la Provincia de Buenos Aires. Sin este aval provincial, el municipio no tendría la potestad de avanzar en la enajenación bajo las condiciones actuales.3. Omisión de la Comisión de PreservaciónEl fallo subraya un incumplimiento local: antes de desafectar el Complejo Casino mediante la Ordenanza 12.009/25, debería haberse expedido la Comisión de Preservación del Patrimonio, autoridad de aplicación según la Ordenanza 7.106/10. “No se encuentra acreditado que se hubiere expedido dicha comisión”, indica el texto judicial.4. El Medio Ambiente y la Participación CiudadanaHerrera hizo especial hincapié en la reforma constitucional de 1994, citando los artículos 41 de la Constitución Nacional y 28 de la de la Provincia.“Se debe poner de sobresalto el deber constitucional de preservación del medio ambiente (…) y la obligación de garantizar los derechos a una amplia información ambiental y a la participación ciudadana”, señala el magistrado.Bajo este criterio, un proyecto de tal magnitud sobre el frente costero no puede avanzar sin mecanismos que aseguren que la comunidad ha sido debidamente informada y consultada.
