Un equipo integrado por personal judicial y concejales realizó una recorrida por las comisarías locales para evaluar las condiciones de alojamiento de detenidos, en el marco de la creciente superpoblación que afecta al penal de Batán.

La inspección reveló serias falencias que complican la situación en las dependencias policiales de Necochea y Quequén.

La visita contó con la presencia de la jueza Aída Lhez, acompañada por concejales, representantes de la Defensoría y funcionarios del Ejecutivo municipal. El objetivo fue verificar in situ si las comisarías de nuestro distrito cumplen con las condiciones mínimas necesarias para alojar personas privadas de su libertad. Entre los concejales fueron Roció Mateo, Bernardo Amilcar, Rosario Roldan y Evangelina Almada.

El recorrido abarcó las únicas tres comisarías actualmente habilitadas para tal fin: la Comisaría Tercera, ubicada en la zona de la playa; la Comisaría Segunda de Quequén; y la Comisaría Primera, en calle 58.

Tras la inspección, la jueza Lhez no ocultó su preocupación por el panorama encontrado. Explicó que pudieron constatar directamente las condiciones en las que se encuentran los espacios de detención, detallando un panorama complejo: “Hay exceso de población, problemas con las instalaciones eléctricas y cloacas tapadas”.

El bloque de concejales de la UCR se reunió con la consejera escolar del radicalismo, Sandra Rodríguez para elaborar una resolución respecto de la reducción en un 50% del Fondo Compensador que otorga la provincia de Buenos Aires a los Consejos Escolares, que está destinado a reparaciones y mantenimiento general de los establecimientos educativos. 

Una situación sumamente preocupante que ha detallado Rodríguez en el encuentro y ha sido respaldada con documentación que da cuenta de la crisis presupuestaria que se ha generado en el mes de mayo y continúa en la actualidad. 

Al mismo tiempo, el instrumento adjunta las notas presentadas en la Dirección General de Cultura y Educación por parte de la Consejera Escolar del radicalismo local y el Consejero General de la UCR de la provincia, Diego Martínez.

Además, se suspendió la atención al público en el Edificio donde funciona el Consejo Escolar y otras dependencias por la ruptura de dos bombas de agua, situación que también se advierte en la Resolución presentada por los ediles del radicalismo.

Se solicitan en la misma, las gestiones del Departamento Ejecutivo ante las autoridades provinciales para la restitución del Fondo Compensador para Establecimientos Educativos, adjuntándose las dos notas presentadas en la DGCYE.

En una reciente reunión llevada a cabo por la Comisión de Trabajo del Concejo Deliberante, se abordaron las inquietudes de los trabajadores de la pesca y la Marina Mercante, quienes expresaron su creciente preocupación por las condiciones laborales actuales y los posibles cambios legislativos que afectan su sector.

Al término, la concejal del bloque Unión por la Patria PJ, Evangelina Almada, explicó que “Desde el 31 de marzo de 2025, los trabajadores de la pesca no han tenido paritarias, y las propuestas de aumento salarial, que rondan el 1% mensual, se encuentran muy por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que supera el 2% mensual”. Luego destacó que esta situación se traduce en una paritaria a la baja, generando descontento entre los trabajadores. Además, se mencionó que los pescadores dependen de un pago básico que se ve afectado por este incremento, así como de un 30% de la producción del langostino, que también podría verse reducido.

Por otro lado, los representantes de la Marina Mercante manifestaron su preocupación por el decreto 340 que permite a los barcos de cabotaje cambiar la bandera Argentina por la de otro país. Esto implicaría que los marineros estarían sujetos a las condiciones laborales y convenios de la nueva bandera, lo que podría resultar en una disminución de derechos laborales, como la falta de aportes jubilatorios y aguinaldo.

La situación se vuelve aún más alarmante, ya que estas medidas no solo impactan a los trabajadores de la pesca y la Marina Mercante, sino que también afectan la economía local. Almada enfatizó que los trabajadores que regresan a Necochea y Quequén contribuyen al circuito económico de la ciudad, lo que hace que cualquier deterioro en sus condiciones laborales tenga repercusiones en la comunidad en general.