La muerte de un chofer en la zona oeste del AMBA volvió a reavivar el reclamo por la colocación de cámaras de seguridad y botones de pánico en los colectivos y de mayor seguridad en general en todo el territorio provincial. En la última sesión de la Cámara de Diputados de la Provincia, el legislador necochense Martín Domínguez Yelpo, autor en 2016 de la Ley que estipula la creación de cámaras en las unidades de colectivos de toda la provincia, pidió la palabra y volvió a pedir por la efectiva implementación de la norma.

En una corta pero contundente intervención, el diputado del possismo señaló que “es triste que estemos hablando de la Ley por la muerte de un compañero, de Daniel Barrientos. Yo como integrante de la UTA promoví la Ley y desde el bloque pusimos un montón de cláusulas, como por ejemplo la VTV como órgano controlador, y ver que no se cumplieron, que no están en los colectivos, la verdad que da muchísima pena. Da muchísima pena que hayan golpeado un chofer ayer y da muchísima pena que sigan sucediendo estos hechos de violencia”, señaló recordando el triste episodio en el cual un chofer fue asesinado por delincuentes, pero también otro hecho de esta semana en el cual otro chofer fue atacado por malhechores.

Consciente de que las cámaras por sí solas no van a acabar con la inseguridad en el transporte público, Yelpo resaltó la importancia de las mismas a la hora de poder identificar a los delincuentes, “La intención de la Ley era proteger al chofer y al pasajero. Sabemos que no es la solución a un asesinato terrible como el que pasó pero sí un paliativo”.

Desde el bloque Espacio Abierto Juntos que Domínguez Yelpo integra junto a Walter Carusso realizaron un pedido de informe para saber qué sucedió con el dinero que el gobierno provincial anunció que destinó para la colocación de las cámaras y que nunca se efectivizó. En ese sentido, el diputado oriundo de Necochea expresó también en la sesión: “Liberaron en 2021 $2500 millones, según Berni ayer fueron 2700, aumentamos 200 más…no sabemos la cantidad de dinero que se liberó sin controlar para la aplicación de las cámaras. No hubo controles, cuando el Ministerio tiene la potestad porque habíamos puesto una cláusula en la Ley y no hicieron ni retención ni quita de subsidios. Queremos saber qué hicieron los empresarios con esa plata, les dieron $2500 millones para la colocación de las cámaras y las cámaras no están y no controla nadie”, y concluyó: “Queremos que haya respuestas y saber cómo se va a implementar la Ley. Esperemos que se cumpla con la Ley, que se coloquen las cámaras y que no tengamos que lamentar ninguna muerte más”.

Lo cierto es que a diez días del asesinato de Daniel Barrientos y mientras se reiteran los casos de violencia en el transporte público, los colectiveros aún carecen de nuevos instrumentos para mejorar la seguridad en las unidades que recorren el Conurbano. Conductores y pasajeros viajan igual que antes de la muerte del colectivero de la línea 620 de La Matanza.

Como consignó recientemente en una nota el diario Clarín, los compromisos asumidos por Axel Kicillof frente al gremio de choferes por ahora están en suspenso y las 1.200 cámaras de seguridad instaladas en los micros del GBA siguen sin transmitir al centro de monitoreo porque no tienen los chips que captan los datos de Internet. ¿El motivo? Resulta que esos dispositivos son importados y recién ahora las autoridades estarían intentando acelerar trámites burocráticos para que lleguen al país. Un procedimiento que, según reconocieron en el gobierno provincial, podría demorar “dos o tres semanas”, por lo que pedirán la intervención del Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones). Mientras tanto, todo sigue igual.