La noción de violencia institucional es utilizada desde los años 80 e inicialmente asociada a las violencias de la dictadura cívico-militar. Hoy, si bien el Estado es el responsable primario, se consideran hechos de violencia institucional incluso situaciones en la que la participación de agentes del Estado es indirecta, siempre que estas prácticas sean lesivas de derechos esenciales de las personas.

Mañana se conocerá la sentencia a cuatro policías por la muerte de un joven en la comisaría de Quequén, sin embargo, tristemente esta no es la primera vez que efectivos policiales son juzgados por hechos de violencia policial en nuestra ciudad.

Saúl Canessa

El viernes 21 de junio de 1992 fue detenido luego de chocar supuestamente con su moto, lo creyeron ebrio porque estaba mareado por el golpe. Recibió atención médica recién 10 horas más tarde, y fue trasladado de urgencia del Hospital de Necochea hasta el Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata, sin historia clínica, sin ropa y sin ningún familiar que lo acompañara. Cuando ingresó al nosocomio su estado era gravísimo ya que presentaba fractura de cráneo con pérdida de masa encefálica. Agonizó por dos días y falleció el 23 de junio.

Entre los imputados se encontraban el comisario Jorge Berro, el subcomisario Jorge Pereyra, el oficial David Posse y los suboficiales Daniel Castro y Renato Pequi. Los últimos tres quedaron detenidos, con una situación procesal por caratulada privación ilegal de la libertad y falsedad ideológica de instrumento público. También por la causa fue juzgado el Dr. Héctor Pando, el médico de la comisaría, por abandono de persona y falsedad ideológica, es decir haber declarado algo que nunca sucedió. En noviembre de 2001 Pando fue condenado a cuatro años de prisión y cinco años de inhabilitación para ejercer la medicina y ocho para ocupar cargos públicos.

Gastón Díaz

El primero de enero de 2007, cerca de las tres de la madrugada, Gastón Díaz, de 22 años, moría de un balazo en la nuca disparado por un policía de la Bonaerense en la zona de la Villa Balnearia. Díaz estaba peleándose en la calle con otro grupo de jóvenes y, según se dijo, al momento de morir intentaba escapar de una detención. Dos policías lo persiguieron. Cuando estaban a un metro y medio, el sargento Alberto Quesada, según sus camaradas, resbaló, el arma voló y se disparó matando al joven. Pero la autopsia concluyó que la bala tuvo una trayectoria de arriba hacia abajo, lo cual desmintió la hipótesis de la caída.

Gastón Diaz
Quesada fue condenado a prisión perpetua por el delito de Homicidio Calificado en el año 2008 y más tarde obtuvo el beneficio de la prisión domiciliara.

Romina Benavidez

La joven permaneció tres meses en coma, debatiéndose entre la vida y la muerte, tras haber recibido un disparo en la boca con el arma reglamentaria de un policía que se encontraba de franco.

Fue el 7 de junio de 2007 en el local bailable “Guest”, ubicado en la calle 87, entre 4 y 6. En esa oportunidad, Romina discutió con un policía que se encontraba de vacaciones y vestido con ropas de civil cerca del baño del boliche, donde alumnos de la Escuela Media 3, de Quequén, realizaban una fiesta.

Romina Benavidez
En determinado momento de la fiesta, la chica se dirigió al baño donde fue abordada por Pablo Martín Porcú, teniente de la Policía Bonaerense de 25 años, que se encontraba vestido de civil.

Discutieron, él extrajo su arma y le disparó un tiro a quemarropa, hiriéndola en la cabeza. El policía, hacía un mes que había llegado la Delegación de Tráfico de Drogas Ilícitas de Necochea.

Porcú fue condenado a 16 años y 8 meses de prisión, por el delito de «homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa».

Gustavo Martín Moreira

La madrugada del 10 de octubre de 2008, en un descampado de la calle 106 entre 57 y 55, luego de un confuso incidente, Gustavo Martín Moreira, hijo de un policía retirado, falleció a causa de un tiro en la espalda. Intentaba conectarse en forma clandestina del servicio de televisión por cable para la vivienda de su novia y deambulaba por los techos de una vivienda.

La policía llegó alertada por un vecino que escuchó ruidos en el techo. Cuando la víctima vio a los agentes intentó escapar del lugar y un disparo, supuestamente intimidatorio, le dio muerte.

El 10 de julio de 2010, el Tribunal Criminal Nº 1 integrado por los jueces Mario Juliano, Luciana Irigoyen Testa y Mariana Giménez, condenaron a prisión perpetua al ex agente Agustín Tórtora al encontrarlo penalmente responsable del delito de “homicidio doblemente calificado”.

Uno de los efectivos que participó del operativo acusó a Tórtora de haber disparado y de presumiblemente plantar un revólver calibre 38 al lado del cuerpo, para demostrar que el joven estaba armado.