La Comisión de Legislación volvió a ser el escenario de un intenso debate sobre la regulación de los cuidacoches en Necochea. El concejal Eduardo Caballero (La Libertad Avanza) ratificó que su bloque no cederá en el pedido de prohibición total de la actividad, aunque comenzó a delinear una “salida alternativa” para abordar la problemática social de quienes hoy subsisten de ello.
Caballero fue tajante al rechazar la propuesta del bloque Fuerza Patria, que sugería la creación de un registro municipal. “Estamos en contra de ese registro y de que se admita a personas con antecedentes penales, aunque digan que solo se excluya a los delitos graves”, sentenció.
El debate por la “prohibición a foráneos”
Uno de los puntos legales que se discutieron fue la intención de prohibir la actividad solo a quienes vienen de otras ciudades. Caballero advirtió sobre la fragilidad jurídica de esa idea:
- “Nuestra Carta Magna dice que todos somos iguales ante la ley. Prohibir la actividad para los de afuera y permitirla para los nuestros sería fácilmente atacable judicialmente y la medida se tornaría abstracta”, explicó, fundamentando por qué la prohibición debe ser general.
Reasignación social: los requisitos para entrar al sistema
Ante el cuestionamiento de los demás bloques sobre qué pasará con la gente que se quede sin su fuente de ingreso, Caballero propuso un esquema de desarrollo social, pero con filtros estrictos:
- Censo y Residencia: Propone que el Ejecutivo realice un censo y que solo puedan acceder a programas de empleo o asistencia quienes acrediten dos años de residencia en el distrito.
- Trayectoria: Los beneficiarios deberán demostrar que vienen dedicándose a la actividad de cuidacoches o semaforistas de manera sostenida, para evitar un “efecto llamada” de personas que quieran ingresar al sistema tras el anuncio.
- Financiamiento: El concejal aclaró que esto no implicaría crear nuevas partidas presupuestarias, sino una “reasignación de partidas” existentes para terminar con el problema de fondo.
El Dato: Un conflicto de poderes es una herramienta jurídica excepcional contemplada en la Constitución Provincial para dirimir cuándo un órgano del Estado local invade las competencias de otro. Mientras la Corte define si acepta el caso y dicta la suspensión, la ordenanza entra en un limbo legal que marcará el diálogo entre el palacio municipal y el Concejo Deliberante.
