“En la Provincia hubo décadas de gobiernos  peronistas que desfinanciaron la salud y la educación “

Los intendentes bonaerenses, entre ellos Arturo Rojas, jefe comunal de Necocchea, saben bien que para hacer valer sus reclamos tienen que salir a la calle. Que con la aparición individual en los medios no alcanza. Y que para dejar en claro de dónde viene cada problemática, la mejor opción es juntarse en pos de que su voz sea escuchada. Consideran que la situación lo amerita.

Con el objetivo de encontrar una respuesta que lleve alivio a los distritos que gobiernan, los jefes comunales volverán a movilizarse mañana hacia una cartera nacional. El pedido es concreto: exigen la restitución de recursos fundamentales para el sostenimiento social en sus distritos. 

La medida de fuerza tomó forma luego de lo que fue la cumbre del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires encabezada por el gobernador Axel Kicillof. Allí los intendentes coincidieron en la necesidad de volver a salir a la calle con el foco puesto en los fondos destinados al Servicio Alimentario Escolar (SAE) y otros programas de asistencia que sufrieron recortes drásticos.

Pettovello en la mira

Los jefes comunales marcharán al Ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Pettovello, en un contexto en el que la falta de recursos para comedores escolares es la principal preocupación. El eje central del conflicto es una deuda acumulada por la Nación que asciende a aproximadamente 220.000 millones de pesos.

Según denunciaron las autoridades provinciales y municipales, el Ejecutivo nacional se había comprometido a financiar una parte sustancial de este programa, pero los giros efectivos se vieron interrumpidos o recortados bajo la nueva gestión. Este desfasaje impactó de manera directa en la capacidad de los municipios para garantizar el plato de comida diario de más de 2.5 millones de estudiantes en un contexto de creciente vulnerabilidad económica.

El gerente operativo del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Gustavo Gavilán, aportó una de las miradas más técnicas sobre el conflicto y explicó cómo se fue construyendo el acuerdo.

“Ambas partes tenían razón… el transporte no podía trabajar a pérdida y el agro tenía costos en alza. Había que encontrar un punto medio”, explicó.

Gavilán detalló además cómo evolucionaron las negociaciones en los días previos:

“El objetivo era mejorar la propuesta inicial del 14% y acercarse lo más posible al 17%, porque los transportistas habían bajado sus pretensiones desde el 25%”.

El Gerente Operativo del Consorcio detalló las dificultades que se enfrentaron a la hora de acercar posiciones, dado que ambos sectores en pugna tenían argumentos válidos para defender sus intereses:

“Naturalmente con un aumento del combustible los costos se dispararon, y a su vez ellos (los transportistas) venían reclamando que ya estaban atrasados con tarifas anteriores por los distintos aumentos que se habían dado. Y el ruralista que también advertía que el precio de mercado del cereal no era el adecuado (…) y a su vez con este aumento, les representaba mayores costos en pesos en la cadena logística.”

En ese sentido, remarcó que el acuerdo fue resultado de concesiones de todos los sectores:

“El privado cedió puntos, el transporte también bajó sus pretensiones, y el consorcio actuó como mediador para juntar las posiciones”.

Además, destacó uno de los puntos estructurales más importantes que deja el conflicto:

“Se va a convocar a una universidad para hacer un estudio de costos reales y evitar discutir sobre supuestos”.

Finalmente, advirtió sobre el impacto que había generado la paralización:

“Con el transporte parado teníamos un puerto completamente detenido… las pérdidas y el impacto en el trabajo eran enormes”.