“Me involucro como funcionario público para mejorar la calidad de vida de los vecinos”

Bajo la premisa de que “lo urgente no debe obstaculizar lo importante”, la Agrupación Comunal Transformadora (ACT) ingresó al Concejo Deliberante su primer proyecto de ordenanza del año. La iniciativa busca que el Municipio de Necochea se adhiera formalmente a la Ley Provincial 15.296.

1. ¿De qué se trata la Ley 15.296?

Esta normativa establece la capacitación obligatoria en la temática de Discapacidad para todas las personas que se desempeñen en la función pública, sin importar su nivel o jerarquía (Ejecutivo, Legislativo y Judicial local).

• El enfoque: La formación no es meramente técnica, sino que se centra en una perspectiva de Derechos Humanos.
• El objetivo: Eliminar barreras actitudinales y garantizar que la atención y el diseño de políticas públicas en Necochea sean inclusivos y respetuosos.

2. Más que una adhesión técnica

Desde el bloque vecinalista explicaron que no buscan solo un trámite administrativo de adhesión, sino transformar la cultura institucional del municipio:

• Perspectiva de Discapacidad: Fomentar que cada decisión administrativa sea analizada bajo la lupa de la inclusión.
• Acciones concretas: Promover programas que traduzcan la teoría de la ley en mejoras reales para la accesibilidad y el trato cotidiano en las dependencias municipales.

📋 Puntos clave del Proyecto de Ordenanza

📍 La visión de la ACT

Con este movimiento, el bloque de la ACT marca su agenda legislativa: mientras se debaten otros temas como los “trapitos” o el transporte, el partido vecinalista busca instalar debates de fondo sobre la calidad de la gestión pública. “Promover que la ley provincial tenga vigencia local es el primer paso para una Necochea verdaderamente integrada”, señalaron desde el bloque.

El concejal de la Agrupación Comunal Transformadora (ACT), Juan Pablo de la Hera, fijó la posición de su bloque frente al debate que divide al Concejo Deliberante: la prohibición total (propuesta por La Libertad Avanza) versus la regulación e inclusión (propuesta por Fuerza Patria). Para el vecinalismo, la clave reside en encontrar una solución “funcional y práctica” que resuelva el desborde actual, especialmente crítico en esta temporada de verano 2026.

1. Crítica a la gestión del Ejecutivo

De la Hera fue claro al señalar que la situación actual no es casual, sino producto de una falta de acción previa por parte de la administración municipal:

• Falta de control: Sostuvo que la problemática se “desmadró” debido a la falta de previsión del Ejecutivo, permitiendo la llegada masiva de cuidacoches que no son residentes del distrito.
• El factor temporada: Advirtió sobre el impacto negativo que este fenómeno tiene en los semáforos y en la zona de la playa frente a la llegada de turistas.

2. Búsqueda de un consenso legislativo

Frente a los proyectos de la Libertad Avanza y Fuerza Patria, a los que calificó como “antagonistas en su totalidad”, la ACT busca una tercera vía:

• Equilibrio social y legal: El concejal subrayó la necesidad de respetar el marco jurídico vigente (según lo expuesto por los funcionarios en comisión) sin olvidar que se trata de personas en situación de marginalidad.
• Proyecto unificado: “Lo más rico sería que el Concejo pueda armar un proyecto que le dé respuesta a los ciudadanos”, afirmó, adelantando que su bloque trabajará durante la próxima semana para intentar fusionar lo mejor de ambas propuestas.

Para cerrar enfatizó que la prioridad del Concejo debe ser el vecino que sufre la problemática a diario. “Estaremos tomando de esos dos proyectos lo necesario para lograr un proyecto en común que sea funcional”.

La Jueza de Garantías, Dra. Aída Lhez, participó de una reunión clave en el Concejo Deliberante de Necochea para aportar la mirada judicial sobre las iniciativas que buscan regular o prohibir la actividad de los cuidacoches. Con una postura pragmática, la magistrada advirtió que cualquier normativa que se dicte debe ser “efectiva y real”, evitando leyes que en la práctica sean imposibles de aplicar.

1. El límite de la sanción punitiva

Lhez fue contundente al cuestionar la efectividad de las multas o arrestos como única respuesta:

• Inviabilidad económica: “¿Se le va a cobrar una multa? ¿Cómo la va a pagar?”, se preguntó, sugiriendo que la sanción monetaria a personas en situación de vulnerabilidad no tiene efecto disuasorio.
• Límite penal: Explicó que, para que alguien quede detenido, la conducta debe encuadrar claramente en un delito (como la extorsión), algo que no siempre es fácil de probar.
• La “puerta giratoria”: Sostuvo que la detención momentánea no quita a la persona de esa situación de calle, por lo que el problema persiste al día siguiente.

2. Hacia un registro y reinserción

La jueza calificó como “potable” el proyecto de crear un registro municipal de cuidacoches, pero propuso ir más allá:

• Capacitación y Salud: Sugirió aprovechar ese registro para conectar a estas personas con el Estado, fomentando capacitaciones laborales o tratamientos de salud si fueran necesarios.
• Objetivo final: “Lo ideal sería que no haya trapitos, pero mientras tanto debemos ver cómo pueden reinsertarse socialmente”.

3. El conflicto con el Estacionamiento Medido

Uno de los puntos más polémicos de la reunión fue la superposición del cobro municipal con el pedido de dinero de los trapitos:

• Zonificación: Se barajó la idea de que los trapitos operen solo donde no rige el estacionamiento medido.
• La paradoja: La jueza marcó una realidad comercial: los trapitos siempre van a estar donde hay flujo de gente, que es exactamente donde el municipio decide cobrar estacionamiento. “No van a ir donde no hay autos”, sentenció.

4. Un caso testigo: ¿Extorsión o pedido de dinero?

Lhez recordó una causa reciente que llegó a su juzgado, donde un trapito fue aprehendido bajo la acusación de “tentativa de extorsión”:

• Decisión judicial: No hizo lugar a la detención porque existían versiones contradictorias entre el denunciante y el imputado.
• Proporcionalidad: Advirtió que la extorsión tiene una pena gravísima y que la justicia debe investigar a fondo antes de privar de la libertad a alguien por un hecho que podría no encuadrar en esa figura legal.