El funcionamiento de la UPC no deja de sorprender. Mientras la justicia penal continúa investigando lo sucedido con una pequeña que se electrocutó con el alambrado de una obra en Quequén, a raíz de irregularidades con la autorización de un medidor trifásico por parte de la UPC, se conoce otra situación difícil de explicar por parte de la entidad que preside Marta Guariglia.
No es novedad para muchos de los que siguen de cerca la vida cotidiana de una de las entidades más importante de Necochea, los problemas que subyacen a diario en el edificio de 59 y 42, amparados en el silencio de su propia presidenta que parece hacer caso omiso a una realidad que supera su capacidad de conducción.
Esta vez, el hecho tiene relación directa con la economía. Un supuesto error humano que nadie verificó ni controló, hizo perder a la cooperativa eléctrica millones de pesos durante casi dos años y medio, por un incorrecto encuadre tarifario en el alta y la facturación mensual del servicio a una de las grandes empresas cerealeras de la ciudad, con cero consecuencias para los responsables, al menos por ahora, por lo que dentro de la Usina recién se analizan por estas horas las sanciones que se aplicarán a quienes estuvieron involucrados en la llamativa maniobra.
Se ha hablado en numerosas oportunidades de la difícil situación económica que atraviesa la entidad y se ha puesto como excusa el congelamiento tarifario a la que debió someterse durante el año 2021 y parte de 2022, sin embargo, nada se ha dicho sobre las pérdidas millonarias por este tipo de “errores” que perjudican también de manera directa los ingresos y consecuentemente la calidad del servicio que prestan.
La empresa en cuestión contaba con dos medidores de consumo y, a principios del año 2020, decidió hacer una obra para unificar todo el consumo eléctrico en uno solo. Sin embargo, una “omisión” en el reencuadre tarifario por casi dos años y medio, provocó que se le siga facturando como si fuese un mediano consumidor, siendo que la cerealera involucrada es uno de los mayores consumidores de energía eléctrica de nuestra ciudad. El hecho trajo como consecuencia que la cooperativa perdiese un monto que alcanza, ni más ni menos, que los 200 millones de pesos.
Si bien la UPC logró recuperar parte de la deuda una vez que se detectó la irregularidad, este monto aún está lejos de acercarse al consumo real de la empresa, amparada en haber pagado el servicio en tiempo y forma según la facturación que le enviaba la propia prestadora del servicio.
Se esperaba un comunicado de prensa, según lo anunciado por la propia presidenta, cuando se conoció el grave hecho de la pequeña electrocutada en Quequén. Esto no ocurrió, más allá del reclamo de la familia que todavía espera un resarcimiento para poder afrontar los costos que implican los tratamientos a los que debe someterse la pequeña.
¿Habrá ahora alguna explicación de la presidencia de cara a los asociados y su derecho a estar informados sobre la vida de la entidad? o sólo nos toca seguir el papel de simples espectadores, resignados a que una de las instituciones más valiosas de nuestra ciudad, de la que todos somos parte, siga perdiendo obstinadamente el prestigio que alguna vez supo conseguir.
