“Martí compró droga a Amondarain para consumir, no para vender”

En su primer semestre al frente del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén, el Dr. Mariano Carrillo impulsó una agenda orientada al fortalecimiento de la operatoria portuaria, la ejecución de obras estratégicas, la vinculación con la comunidad y el trabajo articulado entre el sector público y privado, con una gestión basada en el diálogo, la planificación y el consenso.

Durante estos seis meses, la administración encabezada por el Dr. Mariano Carrillo imprimió un perfil de trabajo sostenido, priorizando la eficiencia operativa del puerto, el desarrollo de infraestructura y la consolidación de una gestión que entiende al trabajo en equipo como una herramienta fundamental para alcanzar resultados.

En ese camino, cada uno de los avances logrados fue posible gracias al compromiso del Directorio del Consorcio de Gestión, que acompañó las principales decisiones institucionales mediante una labor coordinada y consensuada, y al profesionalismo de los trabajadores y trabajadoras de Puerto Quequén, cuyo esfuerzo diario permitió sostener la operatividad, ejecutar obras y responder a los desafíos que demanda uno de los principales complejos portuarios del país.

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En los últimos tiempos, se ha visto una proliferación de discursos que, bajo la bandera de la solidaridad, la salud pública y la beneficencia, promueven la creación de “clubes de cultivo” y asociaciones cannábicas. El argumento inicial es siempre noble e incuestionable: facilitar el acceso al cannabis medicinal para pacientes crónicos y aliviar el dolor humano. Frente a una causa de tal sensibilidad, ¿Quién se atrevería a oponerse?

Sin embargo, cuando se analiza la retórica de estas iniciativas con un mínimo de rigor y pensamiento crítico, comienzan a emerger las contradicciones. Detrás del ropaje de la ciencia y el altruismo, suele subyacer un interés muy distinto: la normalización, promoción y militancia del consumo recreativo.

### La trampa del lenguaje políticamente correcto

Ciertos comunicados y manifiestos que circulan en el ámbito civil suelen ser el ejemplo manifiesto de este sutil deslizamiento discursivo. En este tipo de textos se suele comenzar blindando la propuesta con palabras “escudo”: acompañamiento, cultivo solidario, voluntarios, contención y evidencia científica. Se presenta el proyecto casi como una extensión del sistema de salud, amparado en los registros oficiales del REPROCANN.

Pero la consistencia conceptual dura poco. Sobre el final de estas proclamas, la agenda complementaria suele salir a la luz al admitirse, sin rodeos, que la misión de las entidades también incluye promover el *”uso adulto responsable”*.

Es aquí donde el ciudadano de a pie debe activar su alarma crítica. El uso “adulto” no es otra cosa que el eufemismo moderno para referirse al consumo recreativo o por ocio. Utilizar el dolor de un paciente con epilepsia refractaria o cáncer como punta de lanza para legitimar el derecho al consumo recreativo plantea, por lo menos, un dilema ético preocupante. Si lo que se busca es debatir la legalización de la marihuana para uso recreativo, el debate debería darse de cara a la sociedad, de forma directa, y no camuflado detrás de las recetas médicas.

### El falso dilema de los “prejuicios”
Como es habitual en estos movimientos, el discurso tiende a clausurar la disidencia catalogando a quienes dudan de tener “prejuicios” o de estar desinformados. Es la estrategia de la cancelación: si se cuestiona, se corre el riesgo de ser etiquetado como un conservador del pasado.

Pero plantear dudas no es tener prejuicios; es ejercer la libertad de pensamiento. La sociedad tiene el derecho legítimo de preguntarse cuáles son los límites de estas regulaciones y qué impacto real tienen en el tejido social. La ciencia ya ha hecho su trabajo delimitando qué componentes del cannabis tienen valor terapéutico y cuáles no. La confusión conceptual entre la medicina y el ocio es un sutil desvío que no se puede dejar pasar.

La solidaridad real no necesita de agendas secundarias ni de analogías discursivas. Cuando la salud se utiliza como un biombo para normalizar el consumo, la verdad y el pensamiento crítico son las primeras víctimas.

Por Jorge Constantino

Gestión ETOM S.A. ya está a cargo de la Terminal de Ómnibus de Necochea por un plazo de 30 años.

Tras cumplimentarse todos los pasos legales y administrativos, la Comuna entregó lo tenencia a dicha firma.

El proyecto contempla una inversión estimada en alrededor de 1.700 millones de pesos y un plan de obras que se extendería durante seis años.

Entre las mejoras previstas figuran la renovación integral de techos, refacción y ampliación de sectores cubiertos, modernización de instalaciones eléctricas, reacondicionamiento de dársenas, mejoras en accesibilidad, nueva señalética y una actualización completa de la infraestructura comercial y de servicios. Incluso, el pliego habilita la posibilidad de demoliciones parciales o totales del edificio actual para ejecutar una transformación más profunda del predio.

Con esta decisión, el municipio apuesta a concretar una de las obras de infraestructura urbana más importantes de los últimos años, con el objetivo de modernizar la principal puerta de ingreso terrestre a la ciudad y reconfigurar un sector estratégico de Necochea.

Tras la realización del plenario del comité Emiliano Abasolo de la UCR, el espacio “Haciendo Radicalismo Siempre” mostró su descontento con la forma en la que se excluyó Adriana Pérez de la mesa ejecutiva del citado comité.

Para eso difundió un comunicado, en el cual afirman que “se faltó a la palabra del acuerdo que generó la lista única en la ucr local”.

El comunicado señala lo siguiente: “Haciendo radicalismo siempre Otra vez una conducción de la UCR de Necochea cae en el sectarismo autoritario ROMPIENDO EL TRABAJO QUE CONSUMÓ UNA LISTA ÚNICA.

Llegamos a la conformación de una lista para evitar la elección con acuerdos claros, aún cuando fue nuestro espacio el que en base a una representación ganada en la última Asamblea y el trabajo diario y público en el Comité de Quequén resignó lugares ante espacios internos menores.

El día 2 de julio se realizó el primer plenario correspondiente para conformar las autoridades de mesa que asumieron hace 10 días. Entre los acuerdos antes mencionados estaba la conformación de la Mesa Directiva, a los cuatro cargos nominados se suman, tal como lo expresó el propio Secretario General Martín Moller, los tres primeros vocales. Ellos eran, Alejandro Bidegain, Adriana Pérez nuestra representante y Diego Cersocimo.

Con absoluta sorpresa y faltando a la palabra al Acuerdo de lista única, el Secretario General decide cambiar el criterio y eliminar sin fundamento alguno a nuestro representante. Tomamos la palabra y dijimos que la Mesa correspondía a un Acuerdo político, que lo estaban incumpliendo. De poco sirvió.

Luego se intentó justificar esa decisión argumentando la supuesta falta de asistencia a reuniones informales. El planteo resultó inexplicable, ya que la persona en cuestión se encontraba presente en el primer plenario de las nuevas autoridades y ese requisito jamás había formado parte del acuerdo político alcanzado.

Una vez más, la conducción encabezada por Molina falta a su palabra y vuelve a utilizar la exclusión como método para resolver las diferencias internas. Lo hace, además, con el silencio cómplice del resto, quienes eligieron mirar para otro lado.

Por respeto a quienes integran nuestro espacio, no podemos tolerar el destrato y el permanente cambio de reglas al que fue sometido nuestro espacio desde el inicio de las conversaciones: primero se nos ofreció la Vicepresidencia y luego se nos negó; ahora se desconoce el acuerdo sobre la Mesa Directiva. La decisión, además, recayó sobre una referente con más de cuarenta años de militancia en la Unión Cívica Radical y con una trayectoria institucional que incluye un mandato como concejal (2019-2023), méritos que merecen el respeto de todo el partido.

Por todo ello, nuestro espacio ha decidido renunciar a los lugares que ocupaba en el Comité Central y concentrar su trabajo político y militante en el Comité Gabino Goicoechea de Quequén.

Integran este espacio político Adriana Pérez, Walter Bravo, Fabián Solari, Margarita Chaparro, Alberto Esnaola, entre otros.

El concejal Guillermo Sánchez se refirió a la última sesión del Concejo Deliberante, donde se aprobó una modificación en la ordenanza que regula la tarifa. “Todos sabemos lo que está mal, pero nuestra función es solucionar los conflictos”, afirmó.

También dejó en claro que el debate no se centró en un aumento directo, sino en la herramienta de cálculo.

“Lo que aprobamos es una ordenanza que modifica la normativa que determinaba la manera de fijar el precio del boleto. Se modificó una parte para levantar el piso de modificación”, explicó el edil.

Críticas al servicio y el rol del Ejecutivo

A pesar del acompañamiento a la medida, Sánchez se mostró crítico con la situación actual del transporte en el distrito y apuntó a la responsabilidad del Departamento Ejecutivo, recordando los plazos legales de la concesión.

• Vencimiento y prórroga: “Entendemos que el Ejecutivo tiene la responsabilidad, porque en febrero se terminó el plazo de la concesión y se ha prorrogado hasta ahora, el 7 de julio”, advirtió.
• Deficiencias: El concejal reconoció que desde su espacio no están de acuerdo con el servicio que se está prestando actualmente: “No se presta ni siquiera en el mínimo acorde a lo que se tiene que prestar”.

La prioridad: sostener las fuentes de trabajo y la conectividad

Para el bloque de Avanza, el eje central de la discusión pasó por evitar que la ciudad se quede a pie y proteger a las familias que dependen de las empresas de colectivos.

Sánchez remarcó el impacto que tendría un paro total o el cese del servicio: “Un día sin servicio público significa que muchos trabajadores no tienen en qué ir a cumplir sus tareas. Además, están las familias de los trabajadores de la empresa —más de 100 familias— que, si bien sabemos que no están cobrando en tiempo y forma, si la empresa deja de prestar el servicio tampoco les solucionamos el problema”.

“Hay que encontrar soluciones, no solo hacer diagnósticos”

Finalmente, el legislador local defendió la postura de su banca argumentando la necesidad de tomar decisiones ejecutivas en el plano legislativo, más allá de las quejas recurrentes de la política.

“El diagnóstico lo hacemos todos. El tema es quién está realmente interesado en solucionar los problemas de la comunidad. Nosotros estamos interesados en eso, no en decir cómo están las cosas. Todos sabemos qué es lo que está mal o qué es lo que está bien, pero en la función que tenemos hay que solucionar, y eso es lo que intentamos con nuestra manera de llevar adelante las cuestiones”, concluyó Sánchez.

Bartolomé Zubillaga, concejal de Avanza Necochea pasó por Código Abierto en k2 Radio.

Allí se refirió a lo ocurrido en la última sesión del Concejo Deliberante donde aprobaron un aumento del boleto de colectivo. 

Zubillaga que fue quien realizó los estudios de costos y presentó la iniciativa explicó que “Esta es una situación donde nadie quiere llegar, pero a nosotros nos eligieron para tomar decisiones,

También responsabilidad de esto al Departamento Ejecutivo porque a su entender “vencido el contrato del transporte público de pasajeros no sacó, en tiempo y  forma,  el pliego de licitación y se tuvo que hacer una prórroga que vence en los próximos días, porque fue un tema que se podría haber trabajado con mucho tiempo, por ejemplo, desde octubre del año pasado y así se le daba plazo a las nuevas empresas que querían venir”.

Luego indicó que “la empresa informó que los números no cierran, además hay una falta pronunciada de gestión, que hace que tengamos un servicio que no se cumpla como debería y ahí vemos una falla del Ejecutivo porque vemos que no controla, ni el estado, ni la frecuencia, ni nada de lo que tiene que ver con los micros”. 

Por otro lado recordó que “la empresa había sido muy clara, que si no había un aumento de boleto dejaban de prestar el servicio, una vez que se terminara la prórroga. Por lo cual por el lado de la empresa 90 familias trabajadores se quedarían en la calle y por la del usuario nos quedaríamos sin el transporte público”. 

A raíz de esto explicó que “acá hay que pensar en los trabajadores, estudiantes o los usuarios, que se movilizan en colectivo. Por eso es muy fácil -como pasa con algunos concejales que hablan tanto del costo político, y nosotros tenemos que darle sí o sí soluciones a la población y el mal menor fue poder ajustar el valor del boleto en 267 pesos que seguramente serán absorbidos por el aumento que corresponde, por polinómica, a los meses de mayo y junio. No es que estamos dando un valor tres veces superior”.