La Cámara de Casación Penal dejó sin efecto los sobreseimientos que habían beneficiado al operador del kirchnerismo Roberto Porcaro, al juez federal de Necochea Bernardo Bibel y al fiscal Juan Manuel Portela, entre otros acusados, investigados por la manera en que realizaron la investigación de la concesión de la construcción de un elevador de granos de 60 millones de dólares en el puerto de Quequén, según informa hoy el diario La Nación.
La decisión es de la Sala IV de la Cámara de Casación, que hizo lugar al recurso de la fiscalía contra la sentencia que había sobreseído a los imputados. El fallo lleva la firma de los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos.
Los afectados por la decisión judicial son Porcaro, Bibel, Portela y José Luis de Gregorio, presidente de la Administración del Puerto de Quequén, entre otros miembros de la administración judicial y empresarios.
El caso empezó en el 2012 cuando De Gregorio, como presidente del consorcio de puertos de Quequén, otorgó sin licitación una concesión para construir un elevador de granos en ocho hectáreas ubicadas en la boca del puerto denominada “Sitio 0″, donde se cargan los buques que vienen desde el exterior. Es un contrato por casi 50 años, a cambio de obras por 60 millones de dólares.
La empresa concesionaria habría sido creada diez días después de recibir la concesión. Se llama “Sitio 0 de Quequén SA” y entre sus socios “aparecen Financial Net., Alea y Cia, E-Grain, Lartirigoyen y Cia, y A&J Nari”.
Por eso, en el expediente FMP 2492/2013 se inició una investigación. Se puso el ojo en la irregular adjudicación de una obra pública en el Puerto de Quequén y concesión de su explotación a un consorcio de sociedades privado -entre las cuales se encontrara la firma Financial Net Sociedad de Bolsa S.A-, sin licitación o compulsa de precios, en violación a la ley de contrataciones del Estado.
También se investigó la supuesta recepción de un pago por un millón de dólares por parte de Roberto Florentino Porcaro, operador político del Frente para la Victoria y de su esposa, Patricia Sirvente, a través de bonos del Estado, para hacer valer su influencia sobre los funcionarios públicos a cargo de la administración del puerto, con el fin de que se concretara la contratación.
Además, se investigó un posible lavado de dinero, a raíz de que los títulos de deuda soberana con los que se habría efectivizado el pago a Porcaro tendrían un origen ilícito.
Los bonos, que pertenecerían a la empresa Helvetic Services Group S.A., mencionada en la causa de “La ruta del dinero K” y el lavado de dinero de Lázaro Báez, habrían sido transferidos a Porcaro por sus representantes, Jorge Chueco y Néstor Marcelo Ramos (mencionados tabién en la causa Báez), y la operación habría sido llevada a cabo por intermedio de la firma Financial Net Sociedad de Bolsa S.A., cuyo presidente resultaba ser Carlos Honorio Mocorrea.
De acuerdo a la denuncia, desde que fue recibida la causa FMP 2492/2013 en el Juzgado Federal de Necochea, el fiscal federal no habría encaminado las medidas de prueba pertinentes y conducentes para el esclarecimiento de los hechos, sino que, al contrario, habría incurrido en un actuar deficiente para direccionar las actuaciones a su archivo, temperamento éste que fue adoptado por el juez Bibel, quien se basó para ello principalmente en el dictamen desestimatorio del acusador.
Ahora, los jueces de casación entendieron que las cuestiones que la Cámara pretendió tener por acreditadas a fin de dictar los sobreseimientos dispuestos en el caso que se investiga la irregular instrucción de la causa se presentan controvertidas y deben ser suficientemente analizadas a la luz de las pruebas obrantes en la causa y del resultado que pudieran arrojar aquellas medidas probatorias propuestas por la acusación, permitiendo de este modo esclarecer lo ocurrido previo resolver la situación procesal de los encausados.
El juez Hornos consideró que también debía ser revocado el sobreseimiento de Eric Adler, quien durante la tramitación había designado como perito de parte por Porcaro y era pariente del fiscal General Adler. Sin embargo, por la decisión conjunta de los jueces Borinsky y Carbajo, su sobreseimiento quedó firme.
Fuente: La Nación y TSN Necochea
A raíz de esto señaló que “esto genera que haya un endeudamiento qué tiene que ver con la morosidad de las tarjetas de crédito, en los créditos personales de los bancos o en las entidades financieras privadas. La verdad hay que discutir no la inflación, sino el costo de vida”.
Luego explicó que “la inflación es una de las más bajas de los últimos 10 años pero el costo de vida es mucho más alto, solamente cuatro gremios lograron estar por encima de la inflación en términos de salario. Lo caro es el costo de vida en la Argentina”.
Ante esta realidad consideró que “la verdad es preocupante porque no estamos hablando de gente que no tiene trabajo, sino que labura mucha cantidad de horas e igualmente no está llegando a cubrir las necesidades básicas, por eso la preocupación es cuál va a ser el rumbo económico, porque la macroeconomía está ordenada pero en la diaria la gente la está pasando mal”.
En otro pasaje de la entrevista se refirió a la actualidad de Fuerza Patria cuando señaló que “Sergio Massa está trabajando por la unidad, dado que es uno de los grandes hacedores del diálogo, por eso no es menor que después del mundial, el peronismo decida que es lo que va a hacer, por ejemplo, si vamos a una PASO, cómo va a ser esa Primaria, si vamos todos juntos sería bueno que no sea todos amontonados, por eso insisto en un proyecto, no en una sumatoria de voluntades” y finalizó afirmando que “el objetivo es la unidad, es la elección del candidato o la candidata que sea más representativa del espacio”.
