La Cámara de Casación Penal dejó sin efecto los sobreseimientos que habían beneficiado al operador del kirchnerismo Roberto Porcaro, al juez federal de Necochea Bernardo Bibel y al fiscal Juan Manuel Portela, entre otros acusados, investigados por la manera en que realizaron la investigación de la concesión de la construcción de un elevador de granos de 60 millones de dólares en el puerto de Quequén, según informa hoy el diario La Nación.
La decisión es de la Sala IV de la Cámara de Casación, que hizo lugar al recurso de la fiscalía contra la sentencia que había sobreseído a los imputados. El fallo lleva la firma de los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos.
Los afectados por la decisión judicial son Porcaro, Bibel, Portela y José Luis de Gregorio, presidente de la Administración del Puerto de Quequén, entre otros miembros de la administración judicial y empresarios.
El caso empezó en el 2012 cuando De Gregorio, como presidente del consorcio de puertos de Quequén, otorgó sin licitación una concesión para construir un elevador de granos en ocho hectáreas ubicadas en la boca del puerto denominada “Sitio 0″, donde se cargan los buques que vienen desde el exterior. Es un contrato por casi 50 años, a cambio de obras por 60 millones de dólares.
La empresa concesionaria habría sido creada diez días después de recibir la concesión. Se llama “Sitio 0 de Quequén SA” y entre sus socios “aparecen Financial Net., Alea y Cia, E-Grain, Lartirigoyen y Cia, y A&J Nari”.
Por eso, en el expediente FMP 2492/2013 se inició una investigación. Se puso el ojo en la irregular adjudicación de una obra pública en el Puerto de Quequén y concesión de su explotación a un consorcio de sociedades privado -entre las cuales se encontrara la firma Financial Net Sociedad de Bolsa S.A-, sin licitación o compulsa de precios, en violación a la ley de contrataciones del Estado.
También se investigó la supuesta recepción de un pago por un millón de dólares por parte de Roberto Florentino Porcaro, operador político del Frente para la Victoria y de su esposa, Patricia Sirvente, a través de bonos del Estado, para hacer valer su influencia sobre los funcionarios públicos a cargo de la administración del puerto, con el fin de que se concretara la contratación.
Además, se investigó un posible lavado de dinero, a raíz de que los títulos de deuda soberana con los que se habría efectivizado el pago a Porcaro tendrían un origen ilícito.
Los bonos, que pertenecerían a la empresa Helvetic Services Group S.A., mencionada en la causa de “La ruta del dinero K” y el lavado de dinero de Lázaro Báez, habrían sido transferidos a Porcaro por sus representantes, Jorge Chueco y Néstor Marcelo Ramos (mencionados tabién en la causa Báez), y la operación habría sido llevada a cabo por intermedio de la firma Financial Net Sociedad de Bolsa S.A., cuyo presidente resultaba ser Carlos Honorio Mocorrea.
De acuerdo a la denuncia, desde que fue recibida la causa FMP 2492/2013 en el Juzgado Federal de Necochea, el fiscal federal no habría encaminado las medidas de prueba pertinentes y conducentes para el esclarecimiento de los hechos, sino que, al contrario, habría incurrido en un actuar deficiente para direccionar las actuaciones a su archivo, temperamento éste que fue adoptado por el juez Bibel, quien se basó para ello principalmente en el dictamen desestimatorio del acusador.
Ahora, los jueces de casación entendieron que las cuestiones que la Cámara pretendió tener por acreditadas a fin de dictar los sobreseimientos dispuestos en el caso que se investiga la irregular instrucción de la causa se presentan controvertidas y deben ser suficientemente analizadas a la luz de las pruebas obrantes en la causa y del resultado que pudieran arrojar aquellas medidas probatorias propuestas por la acusación, permitiendo de este modo esclarecer lo ocurrido previo resolver la situación procesal de los encausados.
El juez Hornos consideró que también debía ser revocado el sobreseimiento de Eric Adler, quien durante la tramitación había designado como perito de parte por Porcaro y era pariente del fiscal General Adler. Sin embargo, por la decisión conjunta de los jueces Borinsky y Carbajo, su sobreseimiento quedó firme.
Fuente: La Nación y TSN Necochea
El Dato: Un conflicto de poderes es una herramienta jurídica excepcional contemplada en la Constitución Provincial para dirimir cuándo un órgano del Estado local invade las competencias de otro. Mientras la Corte define si acepta el caso y dicta la suspensión, la ordenanza entra en un limbo legal que marcará el diálogo entre el palacio municipal y el Concejo Deliberante.
